La fecha cierta en materia fiscal es un concepto de vital importancia en el ámbito contable y fiscal. Este artículo, dirigido a contadores públicos, busca profundizar en este tema, integrando información de fuentes autorizadas y jurisprudencias relevantes.
La Importancia de la ‘Razón de Negocios’ en el Ámbito Fiscal
En el mundo de la fiscalidad, el término “razón de negocios” ha cobrado una importancia crucial. Aunque no existe una definición concreta, prácticamente, se refiere al propósito fundamental de una entidad. Este concepto implica que todos los costos y gastos deben ser esenciales para la generación de ingresos. En este artículo, exploraremos cómo este concepto se ha integrado en la legislación fiscal y su impacto en las operaciones contables.
Desarrollo: Evolución y Aplicación del Concepto en el Marco Fiscal
Recuerda que si no habilitas tu Buzón Tributario, el SAT puede sancionarte con una multa de $3,420.00 a $10,260.00.
Que es el Buzón Tributario del SAT
Buzón Tributario es un canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes. Tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura; así también, a través del Buzón, los contribuyentes presentan promociones, avisos o dan cumplimiento a requerimientos de información que realice el SAT.
BBVA llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar aproximadamente 3,200 millones de pesos (mdp) y finalizar así los procedimientos en su contra por el impago de recursos relacionados Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La institución financiera indicó que del total pactado, pagó 2,200 mdp en marzo y 1,000 mdp hoy.
“Los recursos pagados se refieren a cantidades complementarias a las obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008 y de 2012 a 2015”, detalló el banco en un comunicado.
“Con este acuerdo terminarán las diferencias de criterio en materia del Impuesto Sobre la Renta y se agiliza la recaudación de recursos tributarios por el SAT, justo en momentos en que en el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica por la que atraviesa”, agregó.
Desde su llegada a la Presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador ha acusado que grandes contribuyentes adeudaban impuestos, por lo que algunas empresas, entre ellas Walmart, IBM, Femsa y Grupo Modelo, han optado por llegar a acuerdos con el SAT.
Los esquemas de operaciones de facturas falsas, realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, involucran a 977 contribuyentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas.
De acuerdo con un comunicado emitido por el organismo, los esquemas de operaciones de factureras fueron realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; suman más de 339,000 millones de pesos (mdp) e involucran a 977 contribuyentes, quienes eludieron el pago de impuestos en diversos estados de la República.
El año pasado, el Senado mexicano aprobó un paquete de reformas que considera como delincuencia organizada la recepción y emisión de facturas falsas.
“Estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”, señala el SAT, que agregó que dichas prácticas “conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”.
Con 82 votos en favor, lo aprobado por el senado fueron en lo general reformas legales para combatir a las empresas “fantasmas” y las facturas falsas, al imponer por esos ilícitos fiscales prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.
De la población mexicana mayor de 15 años, 58% se encuentra unida en pareja, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018. Y del universo de estas personas, 56.2% (casi seis de cada diez) ha discutido por dinero, de acuerdo con un sondeo realizado por Coru, plataforma de servicios financieros, y la empresa de estudios de mercado Brad Engagment en febrero de 2020.
Un 86% de los mexicanos conoce cuánto gana su pareja, mientras que 10.3% no sabe, y 3.7% afirma que no platican del tema, indicó Coru.
Sobre administración del dinero, 40.8% dijo juntar el dinero de ambos para realizar pagos; 28.8%, divide los gastos; en 11.7% casos cada quien paga lo suyo y 10.7% improvisa de acuerdo con la situación.
Un 74.3% de las parejas realizan el pago de algún servicio compartido como Netflix, Spotify y hasta la renta. Además, de acuerdo con los datos obtenidos, entre los gastos en pareja están servicios básicos como luz, agua, teléfono, 31.6%; y comida, 27.9%.
Sobre el uso de la tarjeta de crédito, 44.1% dice que cada quien utiliza su plástico; 39.1% utiliza la tarjeta de su pareja para gastos de la casa; y 8.4% sacó una tarjeta adicional para su pareja. Además, 66.6% ha comprado a crédito en pareja.
La ENOE de 2018 contempla que 32% de la población mexicana es soltera y 11% es separada, divorciada o viuda. Para el resto, las principales formas en que celebrarán el 14 de febrero están: cena romántica (35.8%); regalos (35.8%); y viaje en pareja (9%).
Y si tú también vas a celebrar esta fecha, Coru te da estas recomendaciones
Ciudad de México.- Para incentivar la recaudación y promover la inversión, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) propuso reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo y generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas.
Dentro de una serie de 15 propuestas del estudio “Recuperación de la inversión y del crecimiento económico con enfoque social”, se propuso reducir el ISR corporativo de 30 al 28 por ciento y quitar la exención de IVA a alimentos y medicinas.
La propuesta tendía un efecto neto de recaudación de 0.5 por ciento, al reducir la correspondiente a ISR en 0.85 por ciento como proporción del PIB pero incrementando la recaudación por IVA en 1.5 por ciento, expuso Gabriel Casillas, director de estudios económicos del IMEF.
La propuesta de disminuir el ISR corporativo busca hacer más atractivo la inversión en el País, aseguró Manuel Toledo, presidente del comité de estudios fiscales del instituto.
Se pretende bajar la tasa corporativa hasta 23 por ciento y aplicar 5 por ciento extra de impuesto si existe pago de dividendos. De esta forma, se incentiva que las utilidades se sigan reinvirtiendo, sostuvo.
Por su parte, para compensar los efectos sociales por generalizar el IVA, se podrían crear políticas públicas específicas para la gente más desprotegida, explicó Casillas.
Otras de las propuestas destacables del estudio son fomentar la participación de la iniciativa privada en el sector energético y otros proyectos de infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas.
Además, se propone fomentar la vinculación de las universidades con las empresas para generar el capital humano que la economía necesita.
También, se pretende mejorar los gobiernos corporativos de las empresas para fomentar la responsabilidad social empresarial.
La serie de propuestas se realizará a distintas instituciones del Gobierno federal a través de los diferentes comités del IMEF, afirmó Ángel García-Lascurain, presidente nacional del IMEF.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que durante enero de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.48 por ciento respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.24 por ciento. En comparación con el mismo periodo de 2019 las cifras correspondientes fueron de 0.09 por ciento mensual y de 4.37 por ciento anual.
El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.33 por ciento y una variación anual de 3.73 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.96 por ciento mensual, logrando de este modo un alza anual de 1.81 por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.66 por ciento, mientras que retrocedieron (-)0.04 por ciento los precios de los servicios, a tasa mensual.
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 1.83 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.34 por ciento mensual.
Expertos de Deloitte te ayudan a entender cómo opera la retención y cómo se podría acreditar
David Menchaca, Socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte
De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación, aplicables a partir del 1 de enero del 2020, las instituciones que componen el Sistema Financiero que paguen intereses a personas físicas deberán efectuar una retención por concepto de impuesto sobre la renta equivalente al 1.45% sobre el monto del capital invertido y que dé lugar al pago de los intereses, retención que inicialmente se consideraría como pago provisional.
Conforme a la exposición de motivos, las autoridades fiscales determinaron el incremento en la tasa de retención del 1.04% vigente al 31 de diciembre del 2019 al 1.45% aplicable a partir del 1 de enero del 2020, considerando la aplicación de una metodología en la que se utilizó información proporcionada por el Banco de México y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística para el periodo de febrero a julio 2019, señalaron que el incremento se debe a un aumento en las tasas de interés pagado a ahorradores y a una disminución de la inflación mensual interanual promedio observada en el mismo periodo.
Por otra parte, y en relación a los intereses obtenidos, las instituciones de crédito tienen la obligación de proporcionar a las personas físicas, a quienes les efectúen los pagos, una constancia en la que se señale el monto nominal de intereses obtenidos, el monto real de los intereses pagados, las retenciones efectuadas y, en su caso, la pérdida determinada.
En lo que respecta a las obligaciones para la persona física inversionista o ahorrador, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Resolución Miscelánea vigente para 2020, por la obtención de intereses de las instituciones del sistema financiero se tienen las siguientes obligaciones:
i) Presentar declaración anual cuando sus ingresos por intereses reales excedan de 100 mil pesos.
ii) Presentar declaración anual si el interés real no excede de 100 mil pesos, pero obtiene ingresos por concepto de sueldos y salarios y que la suma de ambos conceptos sea superior a 400 mil pesos.
iii) Presentar declaración anual si obtiene ingresos distintos a sueldos y salarios, incluyendo ingresos exentos, independientemente del importe de ingresos por intereses.
Es importante señalar que, las personas físicas que reciban ingresos por intereses reales, cuando este sea su único ingreso y los mismos sean inferiores a 100 mil pesos, no tienen la obligación de presentar su declaración anual, sin embargo, tendrán la opción de presentar su declaración anual y pedir, en su caso, el saldo a favor determinado por las retenciones que les hayan efectuado, independientemente del importe de la retención efectuada.
Asimismo, es importante señalar que, si la declaración anual no se presenta, se entenderá que la retención que se haya efectuado se ha considerado como un impuesto definitivo y ya no será posible solicitarse una devolución.
Vale la pena señalar que, en el caso de que los ahorradores reciban intereses de fuentes distintas a las instituciones del sistema financiero, dichos intereses serán sujetos de una retención del 20% sobre el interés nominal obtenido. Sin embargo, pueden optar por que se les haga una retención menor en función de la tarifa aplicable a personas físicas cumpliendo ciertos requisitos.
En este caso de intereses no provenientes del sistema financiero, la cantidad retenida de igual forma que en el caso de las retenciones hechas por entidades del sistema financiero, puede considerarse como pago definitivo y no acreditar dicha retención contra pagos provisionales o el impuesto anual.
¿En qué casos pueden presentarse saldos a favor derivado de la retención efectuada por parte de las instituciones del sistema financiero?
– Cuando el interés nominal devengado pagado por bancos y otras instituciones del periodo es inferior a la inflación, en este caso incluso se tendría una pérdida, misma que se podría amortizar en ejercicios posteriores, excepto contra ingresos por sueldos y salarios y actividades empresariales.
– Cuando el interés devengado del periodo no es inferior a la inflación, pero resulta que la retención que se hizo sobre el total de la inversión es superior al impuesto determinado sobre el interés real obtenido en la declaración anual.
– Es posible que se presenten otros supuestos de saldo a favor, en función de la combinación del tipo ingresos obtenidos y de los tramos aplicables de la tarifa anual.
Con el objeto de ilustrar un supuesto con saldo a favor, consideremos la siguiente información:
Inversión anual
$1,000,000.00
Tasa interés anual
8%
Interés nominal anual
80,000.00
Inflación anual
(40,000.00)
Interés reales
40,000.00
Tasa retención 1.45% sobreinversión anual *
$ 14,500.00
* Representa una tasa de retención elevada considerando que, para que dicha retención pueda acreditarse en su totalidad, el contribuyente en su declaración anual tendría que ubicarse en el último tramo de la tarifa anual, es decir, tener un ingreso elevado al que le tenga que aplicar una tasa efectiva del 32% o mayor. De no darse este supuesto, en la mayoría de los casos, se determinarán saldos a favor de impuesto sobre la renta.
Consideraciones finales
Las tasas de retención establecidas por el Gobierno Federal a ahorradores son elevadas, por lo que desmotivarán el ahorro interno, llevando a los ahorradores a buscar esquemas de inversión que les permita diferir la carga fiscal o, eventualmente, disminuir su impacto fiscal.
Resulta necesario que, a través de facilidades administrativas, las autoridades establezcan esquemas que permitan a los ahorradores y contribuyentes que son objeto de retenciones por los intereses obtenidos, paguen un impuesto en función de su capacidad de pago y, al mismo tiempo, se les evite tener que solicitar saldos a favor.
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Miembro del Comité de Integración de Contadores Universitarios (CICU) del CCPM wadiaguilar@gmail.com
Una de las ideologías más veneradas a lo largo de la historia es la que afirma que “el trabajo duro es la mejor manera de alcanzar cualquier objetivo”. No obstante, a consecuencia del fenómeno disruptivo de la innovación tecnológica y digital en las últimas décadas, “trabajar de la manera más inteligente” poco a poco se está convirtiendo en la nueva filosofía por obedecer para alcanzar cualquier meta. Aunque en el transcurso de la historia ambas doctrinas han demostrado ser mecanismos efectivos para tener éxito en cualquier ámbito, el puro trabajo –por más digno y admirable que sea– con mayor frecuencia resulta no ser suficiente, especialmente contemplando el contexto contemporáneo y su fijación por tratar de encontrar nuevas maneras de realizar los trabajos. Desafortunadamente, uno de los ejemplos más claros de la incongruencia moderna que puede existir entre realizar grandes esfuerzos y obtener pobres resultados es el nivel de productividad laboral del sector formal mexicano.
Dicho indicador es utilizado para conocer qué tan eficiente es el capital humano de una empresa para producir una cierta cantidad de bienes y/o servicios a partir de un número limitado de recursos. Trasladado a un panorama macroeconómico, la medición de la productividad laboral refleja qué tan productivos son los ciudadanos empleados de un país –y, en consecuencia, de la nación en sí misma– tomando en consideración la duración promedio de la jornada laboral. La metodología más común para realizar dicha medición a escala nacional implica dividir el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre la cantidad promedio de horas trabajadas por los ciudadanos empleados a lo largo de un año, lo cual da como resultado el promedio del valor de los bienes y servicios producidos (estandarizado a un importe en dólares estadounidenses) por hora de trabajo, contemplando las aportaciones de trabajadores de medio tiempo y tiempo completo.
Para entender la complicada situación actual de nuestro país en lo referente a este indicador, podemos utilizar como referencia el desempeño de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Respecto a la duración de la jornada laboral, México (miembro de dicha organización desde 1994) posee el primer lugar en cuanto a la extensión promedio más larga, debido a que un trabajador mexicano destinará alrededor de 2,148 horas al año a cumplir con sus actividades laborales. Por otro lado, la media de los integrantes de la OCDE es de tan solo 1,726 horas al año, es decir, 20% menos que la jornada laboral mexicana. En primera instancia, esta diferencia podría interpretarse como algo positivo para el país, puesto que se pudiera interpretar como un mayor nivel de compromiso hacia la ocupación profesional por parte de los trabajadores mexicanos y, en teoría, esto contribuiría a una mayor producción de bienes y servicios. Sin embargo, después de analizar el valor promedio de lo producido por los miembros de la OCDE, es desalentador percatarse de que dicha interpretación es incorrecta. Mientras que el valor promedio de lo producido por la OCDE por hora de trabajo es de 54.8 dólares, en México solo se generan 21.6 dólares –lejos de llegar siquiera a la mitad.1 Aunque los empleados mexicanos estén destinando una significativa cantidad de tiempo a sus actividades laborales, en realidad no lo hacen por un sobrellevado sentido de compromiso laboral; lo hacen como un esfuerzo colectivo inconsciente para cubrir las claras señales de una estructura laboral ineficiente.
Existen diversos factores que han favorecido y alargado el bajo nivel de la productividad laboral del sector laboral mexicano, los cuales pueden ser agrupados en tres categorías principales:
> Capital físico: se refiere a las herramientas utilizadas por los trabajadores de las empresas mexicanas para la producción de bienes y servicios. Mediante la inversión de capital, el sector privado adquiere equipos y/o maquinaria especializada con el objetivo de optimizar los procesos de producción y aumentar el valor total de lo producido. No obstante, es imperativo que el gobierno federal primero garantice que el país cuenta con la infraestructura necesaria para respaldar las inversiones que este sector realice. Para ello, la inversión pública en proyectos de infraestructura debe ser de alta calidad y extenderse a lo largo de diferentes sectores, incluyendo la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, redes de distribución eléctrica y agua potable, sistemas de telecomunicaciones, etc. Lamentablemente, México enfrenta considerables obstáculos en este aspecto. Por un lado, dentro del sector privado el capital físico se encuentra distribuido de manera desproporcionada, ya que 93% de este se concentran solo en 10% de las empresas mexicanas,2 por lo que los beneficios de la inversión en nuevas herramientas productivas y su utilización se limita a un número reducido de compañías. En cuanto al sector público, la infraestructura mexicana se encuentra en el lugar 49 de 140 países que integraron un estudio del Foro Económico Mundial, realizado en 2018.3 A pesar de que esta posición representa una mejora en comparación con años previos, también corrobora el gran margen de mejora que existe en la infraestructura nacional actual.
> Capital humano: existen cualidades inherentes de aquellos que conforman la fuerza laboral mexicana que determinan en gran medida la capacidad productiva de las empresas en el país; por ejemplo, los niveles máximos de estudios, las habilidades profesionales y la experiencia laboral. Desgraciadamente, el potencial humano casi siempre se ve desaprovechado en México, pues los proyectos nacionales para fomentar el desarrollo integral académico y profesional de la población carecen de una implementación extensa y competente. En consecuencia, la tasa poblacional con un nivel educativo menor a la educación media superior en México es de 63%, un hecho bastante alarmante considerando que el promedio entre los países de la OCDE es de apenas un poco más de 20%. Además, aspectos característicos de la economía mexicana, como los altos niveles de empleo informal y la desigualdad laboral de género, actúan como fuertes inhibidores del pleno desarrollo del sector laboral formal. De hecho, 31% de las empresas en el país manifiestan que tienen dificultades para encontrar empleados con las habilidades y conocimientos que requieren, lo cual disminuye el interés del sector privado internacional por invertir en México y en su mercado laboral.
> Cambios tecnológicos: los avances en el conocimiento y la innovación son fundamentales para aumentar la productividad laboral, en especial cuando resultan en el desarrollo de nuevos sistemas y/o dispositivos tecnológicos. Los incentivos gubernamentales (como los estímulos fiscales, la razonable asignación de recursos en el presupuesto público para investigación y desarrollo, etc.) al igual que los programas y competencias organizadas por el sector privado forman parte de los mecanismos que promueven los avances en la ciencia y la tecnología. A pesar de la importancia de estos factores para la economía nacional, México no parece considerarlos como prioridades: el gobierno mexicano asigna menos de 1% del PIB al año hacia estos sectores desde el año 2018 (0.43% en promedio durante el último sexenio), mientras que países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón destinan porcentajes mayores a 2.5%.
Tomando en cuenta los factores cruciales en los que nuestro país debe mejorar para incrementar su productividad laboral, una solución razonable sería la de adoptar políticas y estrategias similares a las que los países desarrollados emplean hoy en día para alcanzar niveles sobresalientes en este indicador. Mediante reformas estructurales (primordialmente educativa y laboral) y el compromiso de implementarlas en un plazo que trascienda cualquier sexenio o agenda política, el gobierno federal puede lograr el desarrollo integral de sus trabajadores y de los sectores de la ciencia y la tecnología. Expandir los horizontes de la productividad laboral mexicana requerirá del esfuerzo coordinado entre el sector público y el privado, el cual deberá ser ejecutado bajo un contexto de mutua confianza y beneficencia. Esto se debe a que, dependiendo de que tan amplias sean las facilidades establecidas en el marco legislativo mexicano (incluyendo las reformas estructurales y los proyectos de infraestructura necesarios), será la magnitud del impacto que las empresas privadas generen en el país en lo referente a la productividad laboral.
Una vez que el sector privado tenga acceso a diferentes incentivos para invertir en innovaciones tecnológicas, adquirir herramientas avanzadas y captar personal calificado, el mercado laboral de México será percibido de manera favorable por las empresas con planes de formar parte del entorno empresarial mexicano. A consecuencia del subsecuente aumento en la inversión en nuestro país, la productividad laboral experimentará un incremento en cuanto al valor de lo producido, además de que otros problemas socioeconómicos como el desempleo y la pobreza podrían reducir sus márgenes.
Penosamente, la realidad incómoda de la corrupción en México termina empobreciendo cualquier intento del sector público por mejorar el nivel competitivo de la fuerza laboral mexicana. Si las autoridades federales verdaderamente aspiran a que la productividad laboral nacional sea destacable, es necesario establecer un régimen que contemple las medidas necesarias para corregir las deficiencias en las tres categorías señaladas como primordiales para alcanzar una alta productividad laboral, así como convencer al sector privado de que dichas mejoras se efectuarán de manera transparente y con el objetivo de garantizar el rendimiento de sus inversiones en el país.
1García, A.K. (2019, 10 de febrero). “México tiene una jornada laboral extensa y niveles bajos de productividad [en línea]. El Economista, Factor Capital Humano. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-significa-que-un-pais-tenga-baja-productividad-laboral-20190210-0005.html>. Consultado el 28 de junio de 2019.
2Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). Panorama Social de América Latina, 2016. Santiago: Naciones Unidas/CEPAL. Disponible en: <https:// repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf>. Consultado el 22 de junio de 2019.
3World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>. Consultado el 27 de junio de 2019.
4Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). Getting it Right: Prioridades estratégicas para México. París: Éditions OCDE. <http://dx.doi. org/10.1787/9789264292871-es>.
5Solís, A. (2018, 28 de noviembre). “EPN no llegó a su meta de inversión en ciencia, tecnología e innovación”. Forbes México. Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/ pena-nieto-incumple-promesa-de-inversion-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/>. Consultado el 25 de junio de 2019.
Referencias
OpenStax (2019). Principles of Economics. Disponible en: <http://cnx.org/contents/ bc498e1f-efe9-43a0-8dea-d3569ad09a82@7.1.>. Consultado el 7 de junio de 2019.
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