Los esquemas de operaciones de facturas falsas, realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, involucran a 977 contribuyentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas.
De acuerdo con un comunicado emitido por el organismo, los esquemas de operaciones de factureras fueron realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; suman más de 339,000 millones de pesos (mdp) e involucran a 977 contribuyentes, quienes eludieron el pago de impuestos en diversos estados de la República.
El año pasado, el Senado mexicano aprobó un paquete de reformas que considera como delincuencia organizada la recepción y emisión de facturas falsas.
“Estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”, señala el SAT, que agregó que dichas prácticas “conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”.
Con 82 votos en favor, lo aprobado por el senado fueron en lo general reformas legales para combatir a las empresas “fantasmas” y las facturas falsas, al imponer por esos ilícitos fiscales prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.
El gobierno mexicano busca obtener más ingresos este 2020 y una forma de acceder a ellos será actualizando el marco tributario para cobrar impuestos a plataformas digitales que realizan compra y venta de productos y servicios.
En su propuesta de Ley de Ingresos para el próximo año, la Secretaría Hacienda señala que deberán pagar impuestos a partir del próximo año los servicios de transmisión (streaming) de audio o video para ver películas o escuchar música, entre otros.
También pagarían impuesto los servicios de transporte como Uber, Beat, Didi, Cabify, entre otros, y los de alojamiento temporal como Airbnb, pues estos servicios se realizan a través de plataformas digitales de intermediación.
La propuesta – presentada al Congreso este domingo – incluye también: servicios de descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador.
La obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico como Waze, pronósticos meteorológicos y estadísticas.
También en esta categoría quedan comprendidos los servicios digitales de clubes en línea y páginas de citas, el almacenamiento de datos, así como los de enseñanza a distancia o de exámenes o ejercicios.
El secretario de Hacienda aseguró tras la presentación del Proyecto de Presupuesto 2020, que en el paquete económico “no hay terrorismo fiscal, no estamos inventándonos nada nuevo”, pues solo buscan cambiar la deficiente forma en que por años se ha recaudado en México.
Ante el pleno de San Lázaro, el titular de Hacienda ejemplificó el cobro de estos impuestos.
En el caso de Uber, éste tendría que pagar IVA por cada viaje, pero también un doble Impuesto Sobre la Renta: el de la empresa y el del conductor; a esto se suma el pago por la importación de la plataforma, pues no es de creación nacional.
Herrera explicó que los impuestos que buscan cobrarse a los servicios digitales como Uber, Netflix, Amazon Prime, Spotify o Airbnb no son nuevos gravámenes, sino que no se han cobrado porque el marco tributario no está actualizado.
“Estos impuestos ya existen pero no se cobraban, porque la estructura (fiscal) de México está asociada a bienes tangibles, los más fáciles y claros para cobrar son esos”.
Señaló que por muchos años se defendieron los ingresos petroleros pero se dejó de lado la recaudación, añadió que las medidas buscan modernizar el marco tributario y adecuarlo la realidad actual.
Para Hacienda, la economía digital trae beneficios de precio y calidad para los consumidores pero también es “un área de oportunidad importante en materia recaudatoria”, señala el documento.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017 el valor agregado generado por el comercio electrónico fue equivalente al 4.6% del PIB.
La iniciativa explica que el bajo cumplimiento fiscal de los proveedores de servicios digitales que no residen en el país afecta los ingresos, pues no pagan impuestos, y genera una competencia desleal con los proveedores nacionales que sí trasladan el costo del IVA a los consumidores nacionales.
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