El salario no necesariamente debe pagarse en efectivo, asi lo establece la Tesis
Aislada 2a. Cxi/2013 (10a.) Pendiente de publicarse en IUS
PAGO DE SALARIO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA O DÉPOSITO. LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO IMPLICA QUE EL SALARIO DEBA PAGARSE NECESARIAMENTE EN EFECTIVO.
El hecho de que dicha porción normativa constitucional establezca que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no significa que necesariamente deba hacerse en efectivo y, en consecuencia, que no sea jurídicamente posible implementar como sistema de pago el depósito o la transferencia electrónica a una cuenta bancaria, toda vez que lo que prohíbe la norma constitucional es el pago del salario a través de mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir la moneda, como una forma de proteger el fruto del trabajo y de dignificar las condiciones de los empleados. En ese sentido, el artículo 17, fracción XII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en cuanto ordena que las dependencias y entidades deberán coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de actualizar los programas de trabajo para avanzar en la implementación del pago en forma electrónica, mediante abono que realice la Tesorería de la Federación a las cuentas bancarias de los servidores públicos por concepto de pago de nómina, no contraviene el referido precepto constitucional; sin embargo, acorde con el artículo 3, punto 2, del Convenio Internacional del Trabajo No. 95, relativo a la Protección al Salario, dicho sistema de pago no es obligatorio para los trabajadores, pues para ello es necesario su consentimiento.
Amparo en revisión 488/2013.- Belinda Lila Esperanza Manrique Guerrero.- 6 de noviembre de 2013.- Cinco votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretario: Oscar Vázquez Moreno.
Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de noviembre del dos mil trece.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su portal de Internet publicó un proyecto de regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en el que hace una relación de los alimentos a los que se excluirá del pago del IEPS a pesar de su contenido calórico.
Proyecto de Regla para la RMF 2014
Alimentos de consumo básico
X.X. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso J), último párrafo de la Ley del IEPS, considerando su importancia en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo básico que no quedan comprendidos en lo dispuesto por el inciso J) antes citado, los siguientes:
A. Cadena del trigo:
I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral.
II. Pasta de harina de trigo para sopa sin especies, condimentos, relleno, ni verduras.
III. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja.
IV. Harina de trigo, incluyendo integral.
V. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales.
B. Cadena del maíz:
I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada.
II. Harina de maíz.
III. Nixtamal y masa de maíz.
IV. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares.
C. Cadena de otros cereales:
I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad.
II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales.
III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja.
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04-12-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social sea el que determine anualmente el importe de las cuotas del Seguro de Salud para la Familia, previa realización de estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.
La reforma al artículo 242 de la Ley del Seguro Social, aprobada con 352 votos a favor, 5 abstenciones y 73 votos en contra, se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El documento refiere que dicho seguro tiene un déficit de financiamiento que de acuerdo con el IMSS era de 4 mil 520 millones de pesos en 2011.
Subraya que dejar en manos del Consejo Técnico del IMSS la determinación de las cuotas, permitiría disminuir gradualmente el déficit actual de dicho seguro y sería una solución viable.
Al fundamentar el dictamen, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (PAN) explicó que el Seguro de Salud para la Familia no es una prestación social que proporcione el Estado, sino es una especie de contratación de un seguro médico de carácter privado entre el Seguro Social y un particular.
Refirió que actualmente este seguro es deficitario, ya que las primas actuales están muy por debajo del costo que representa la prestación de los servicios que cubre y la Ley del Seguro Social vigente no establece un mecanismo que permita ajustar las cuotas en congruencia con la dinámica de la demanda de la población en el servicio de atención médica.
La legisladora recalcó que es necesario dotar al IMSS de un mecanismo ágil que ajuste el monto de las primas del Seguro de Salud para la Familia, que les permitan hacer las adecuaciones pertinentes con toda oportunidad a fin de evitar que se agudice el desequilibrio financiero.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) subrayó que con la reforma se busca un equilibrio entre la necesidad de tener un seguro de salud de miles de familias y preservar la estabilidad financiera en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ramo del Seguro de Salud para la Familia.
Consideró que es preciso establecer medidas para que el IMSS siga ofreciendo el seguro de salud para las familias que no están afiliadas porque representa una oportunidad para las personas que tienen la iniciativa de invertir parte de sus ingresos en el cuidado de la salud familiar. Asimismo, dar seguimiento a que el servicio de salud a las familias que pagan este seguro sea de calidad.
En su turno, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) se pronunció en contra, al considerar que no se establecen medidas adecuadas de transparencia en la determinación de los pagos y cálculos para generar el tabulador del cobro anual del seguro.
“Sospechamos que los precios se fijarán a partir del mercado y no a partir del poder adquisitivo de la población, rompiendo con ello el sentido de solidaridad social”, agregó.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) subrayó que con la reforma se eliminará la facultad que tiene el Legislativo para fijar las cuotas y dejará en manos del Consejo Técnico del IMSS la posibilidad de calcular e imponer el importe de tales cuotas a su arbitrio.
Por ello, se manifestó en contra de la reforma, ya que “resulta absurdo que sea la propia institución la que fije el monto de esa cuota, cuando sabemos por su propia confesión que es su intención ir desmantelando el seguro voluntario al que hoy nos referimos”.
Por su parte, el legislador David Pérez Tejada Padilla (PVEM) dijo que este cambio representa una trascendente contribución para que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenga la capacidad para ampliar la cobertura a millones de personas que no tienen una relación obrero-patronal que les permita asegurar a sus familias.
Esta medida, añadió, ofrecerá mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de nuestra población y del propio IMSS, lo que permitirá abrir una mayor gama de posibilidades para que más mexicanos puedan incorporarse de manera voluntaria al Seguro Social, sin que esto nos implique un quebranto importante en el futuro.
Del PRD, el diputado Antonio Sansores Sastré se pronunció en contra de la reforma porque “es completamente negativa para los que no tienen mayor oferta de servicios en materia de salud que el decálogo que brinda el 77 por ciento en este país, el Seguro Popular, que es completamente impopular”.
Indicó que su grupo parlamentario, “no estamos a favor de esta reforma, estamos a favor de que se cubra el déficit de esta reforma, de este seguro voluntario de la familia para que podamos tener más acceso a la salud que es algo de lo que estamos adoleciendo permanentemente en todo el país”.
El diputado Víctor Rafael González Manríquez (PAN) señaló que en noviembre de 2011 la base de asegurados de esta modalidad de seguridad social, era de 485 mil 490 personas y estaba financiado por las cuotas de los beneficiarios y las aportaciones del Estado, siendo la cuota de los beneficiarios de cuatro mil 30 pesos con 40 centavos, cuando la cuota de equilibrio debiera ser de 16 mil 761 pesos con 50 centavos.
Reconoció que la situación financiera de las instituciones de seguridad social del Estado mexicano es precaria y que los recursos asignados a este rubro siempre son insuficientes. Por ello, dijo, es necesario que las aportaciones sean acordes a la realidad, “pero en Acción Nacional estamos convencidos de que deben ser fundamentales, justas”.
En tanto, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (PRI) resaltó que el poder brindar atención médica y de calidad a los millones de personas que se inscribieron al seguro de salud para la familia requiere de una gran cantidad de recursos los cuales, de acuerdo al IMSS, no están siendo recaudados, lo que ha generado que exista un déficit en la economía de dicho instituto y complica llevar a cabo esta labor de manera adecuada.
Por ello, consideró acertadas las reformas, ya que al establecer que el consejo técnico sea el encargado de establecer anualmente el importe de las cuotas, se permitirá que el IMSS disminuya gradualmente el déficit con el que actualmente cuenta, lo que se traducirá en una mejor infraestructura que permita brindar una atención médica de calidad.
Durante la discusión, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (MC) se pronunció en contra “porque no podemos dejar una facultad, que le corresponde al Congreso, al Seguro Social”. Consideró que lo que corresponde sería tener una cuota fija y si es una persona que no tiene trabajo que esta sea menor para poder otorgarle seguridad social a todos.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) comentó que actualmente se paga una cuota anual fija y lo que se pretende es que esta varíe en función de la edad de los miembros de las familias, “de tal manera que en la práctica se le convierta a una familia de muy escasos recursos en algo imposible”.
Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) indicó que esta reforma es un desacierto “porque va a dejar una decisión de este tamaño en una burocracia dorada del Seguro Social que no tiene la sensibilidad para interpretar a la luz de la problemática laboral del país, la necesidad de un seguro de estas características”.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) enfatizó que “es muy grave esta modificación porque a través de esta disposición normativa se incorpora la gente más pobre, mucha de ella campesinos, migrantes y desempleados. Se acogen a esta disposición porque les resulta económico incorporarse al Seguro Social”. Aseguró que después de esta disposición se incrementará la cuota del régimen voluntario y va a ser funesto”.
Por último, el diputado Salvador Romero Valencia (PRI) se manifestó a favor de la modificación y precisó que con la reforma no se dejará de tomar en cuenta a aquellos sujetos que voluntariamente ya se encontraban incorporados al seguro de salud para la familia, y “que sin perjuicio alguno seguirán pagando las cuotas ya establecidas y previstas en la norma vigente”.
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Compartimos con ustedes el podcast “Tribuna del Contribuyente” en el que integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos participan en ésta ocasión hablando sobre el “Buzón Fiscal”. Conduce Ricardo Camarena.
Compartimos con ustedes el podcast “Tribuna del Contribuyente” en el que integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos participan en ésta ocasión hablando sobre el Régimen de Incorporación Fiscal. Conduce Ricardo Camarena.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (3 de diciembre) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2014, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos.
La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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La Procuradora Diana Bernal afirma que con los acuerdos se logrará disminuir el número de casos que se sometan al proceso contencioso.
El Delegado Pedro Rodríguez asegura que la Procuraduría es la vía para construir lazos de confianza entre contribuyentes y autoridades.
La Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, informó que los Acuerdos Conclusivos y las nuevas reglas en la inmovilización de cuentas bancarias fueron dos propuestas que aprobó el Congreso de la Unión en beneficio de los pagadores de impuestos.
Al inaugurar la vigésimo tercera Delegación de Prodecon en Chiapas, la Ombudsman del Contribuyente destacó los Acuerdos Conclusivos, una figura inédita en el orden jurídico mexicano, el cual constituye un nuevo canal de entendimiento entre autoridades y pagadores de impuestos.
“Los acuerdos conclusivos son el primer medio alternativo de solución de diferencias en procedimientos de auditoría. En cuanto la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación, cualquier hecho u omisión que sea apreciado, calificado, valorado por la autoridad revisora y que pueda entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales será objeto de un acuerdo conclusivo”, dijo.
Precisó será una solución anticipada de las auditorías, liberando al contribuyente de severas contingencias para su empresa o negocio, disminuyendo los altos costos que los juicios o recursos representan para los pagadores de impuestos y las autoridades fiscales.
La Procuradora Bernal agregó que otro tema de importancia serán las nuevas reglas para las autoridades fiscales en la inmovilización de cuentas bancarias, por medio de las cuales se pretende evitar que los contribuyentes sufran afectaciones innecesarias en su operación económica.
“Las reformas constitucionales recientemente aprobadas, representan un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los contribuyentes y con ello, nos acercamos a nuestro objetivo de lograr que tengan un verdadero acceso la justicia fiscal en el orden federal”, resaltó laOmbudsman del contribuyente.
El Delegado de Prodecon en Chiapas, Pedro Rodríguez Chandoquí, aseguró que la Procuraduría es la vía para construir lazos de confianza entre los pagadores de impuestos y las autoridades fiscales federales.
El funcionario se comprometió aestablecer los mecanismos necesarios para la coordinación entre los distintos órganos de gobierno y las autoridades fiscales federales para favorecer la concertación con los contribuyentes y garantizarles una protección más amplia.
El Delegado Rodríguez Chandoquí reiteró en su mensaje que una renovada cultura contributiva es el mejor medio para cambiar la percepción negativa del pago de impuesto y la ineficiencia en la recaudación.
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El SAT publica el Proyecto de la Quinta resolucion de Modificaciones a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2013 y sus anexos 1 y 1-a
Contenido
PROYECTO DE QUINTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION.. 2
MISCELANEA FISCAL PARA 2013 Y SUS ANEXOS 1 y 1-A.. 2
Capítulo I.12.8. Del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos, publicado en el DOF el11 de noviembre de 2013. 2
Bases del sorteo fiscal2
Información que deben proporcionar las instituciones participantes del Sorteo El Buen Fin. 2
Información que deben proporcionar las instituciones participantes del Sorteo El Buen Fin, respecto de los premios entregados. 3
Entrega de información de premios pagados por Entidad Federativa. 4
Entrega de información del SAT a las entidades federativas por premios pagados. 4
Pago a la Secretaría de Gobernación de aprovechamientos por premios no cobrados. 5
Forma de acreditamiento del estímulo.5
Inscripción al RFC de personas físicas con CURP. 6
