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La deficiente productividad laboral en México

Jorge Wadi aguilar elías 
Universidad Anáhuac México Norte 
Miembro del Comité de Integración de Contadores Universitarios (CICU) del CCPM wadiaguilar@gmail.com
Una de las ideologías más veneradas a lo largo de la historia es la que afirma que “el trabajo duro es la mejor manera de alcanzar cualquier objetivo”. No obstante, a consecuencia del fenómeno disruptivo de la innovación tecnológica y digital en las últimas décadas, “trabajar de la manera más inteligente” poco a poco se está convirtiendo en la nueva filosofía por obedecer para alcanzar cualquier meta. Aunque en el transcurso de la historia ambas doctrinas han demostrado ser mecanismos efectivos para tener éxito en cualquier ámbito, el puro trabajo –por más digno y admirable que sea– con mayor frecuencia resulta no ser suficiente, especialmente contemplando el contexto contemporáneo y su fijación por tratar de encontrar nuevas maneras de realizar los trabajos. Desafortunadamente, uno de los ejemplos más claros de la incongruencia moderna que puede existir entre realizar grandes esfuerzos y obtener pobres resultados es el nivel de productividad laboral del sector formal mexicano.
Dicho indicador es utilizado para conocer qué tan eficiente es el capital humano de una empresa para producir una cierta cantidad de bienes y/o servicios a partir de un número limitado de recursos. Trasladado a un panorama macroeconómico, la medición de la productividad laboral refleja qué tan productivos son los ciudadanos empleados de un país –y, en consecuencia, de la nación en sí misma– tomando en consideración la duración promedio de la jornada laboral. La metodología más común para realizar dicha medición a escala nacional implica dividir el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre la cantidad promedio de horas trabajadas por los ciudadanos empleados a lo largo de un año, lo cual da como resultado el promedio del valor de los bienes y servicios producidos (estandarizado a un importe en dólares estadounidenses) por hora de trabajo, contemplando las aportaciones de trabajadores de medio tiempo y tiempo completo. 
Para entender la complicada situación actual de nuestro país en lo referente a este indicador, podemos utilizar como referencia el desempeño de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Respecto a la duración de la jornada laboral, México (miembro de dicha organización desde 1994) posee el primer lugar en cuanto a la extensión promedio más larga, debido a que un trabajador mexicano destinará alrededor de 2,148 horas al año a cumplir con sus actividades laborales. Por otro lado, la media de los integrantes de la OCDE es de tan solo 1,726 horas al año, es decir, 20% menos que la jornada laboral mexicana. En primera instancia, esta diferencia podría interpretarse como algo positivo para el país, puesto que se pudiera interpretar como un mayor nivel de compromiso hacia la ocupación profesional por parte de los trabajadores mexicanos y, en teoría, esto contribuiría a una mayor producción de bienes y servicios. Sin embargo, después de analizar el valor promedio de lo producido por los miembros de la OCDE, es desalentador percatarse de que dicha interpretación es incorrecta. Mientras que el valor promedio de lo producido por la OCDE por hora de trabajo es de 54.8 dólares, en México solo se generan 21.6 dólares –lejos de llegar siquiera a la mitad.1 Aunque los empleados mexicanos estén destinando una significativa cantidad de tiempo a sus actividades laborales, en realidad no lo hacen por un sobrellevado sentido de compromiso laboral; lo hacen como un esfuerzo colectivo inconsciente para cubrir las claras señales de una estructura laboral ineficiente. 
Existen diversos factores que han favorecido y alargado el bajo nivel de la productividad laboral del sector laboral mexicano, los cuales pueden ser agrupados en tres categorías principales: 
> Capital físico: se refiere a las herramientas utilizadas por los trabajadores de las empresas mexicanas para la producción de bienes y servicios. Mediante la inversión de capital, el sector privado adquiere equipos y/o maquinaria especializada con el objetivo de optimizar los procesos de producción y aumentar el valor total de lo producido. No obstante, es imperativo que el gobierno federal primero garantice que el país cuenta con la infraestructura necesaria para respaldar las inversiones que este sector realice. Para ello, la inversión pública en proyectos de infraestructura debe ser de alta calidad y extenderse a lo largo de diferentes sectores, incluyendo la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, redes de distribución eléctrica y agua potable, sistemas de telecomunicaciones, etc. Lamentablemente, México enfrenta considerables obstáculos en este aspecto. Por un lado, dentro del sector privado el capital físico se encuentra distribuido de manera desproporcionada, ya que 93% de este se concentran solo en 10% de las empresas mexicanas,2 por lo que los beneficios de la inversión en nuevas herramientas productivas y su utilización se limita a un número reducido de compañías. En cuanto al sector público, la infraestructura mexicana se encuentra en el lugar 49 de 140 países que integraron un estudio del Foro Económico Mundial, realizado en 2018.3 A pesar de que esta posición representa una mejora en comparación con años previos, también corrobora el gran margen de mejora que existe en la infraestructura nacional actual. 
> Capital humano: existen cualidades inherentes de aquellos que conforman la fuerza laboral mexicana que determinan en gran medida la capacidad productiva de las empresas en el país; por ejemplo, los niveles máximos de estudios, las habilidades profesionales y la experiencia laboral. Desgraciadamente, el potencial humano casi siempre se ve desaprovechado en México, pues los proyectos nacionales para fomentar el desarrollo integral académico y profesional de la población carecen de una implementación extensa y competente. En consecuencia, la tasa poblacional con un nivel educativo menor a la educación media superior en México es de 63%, un hecho bastante alarmante considerando que el promedio entre los países de la OCDE es de apenas un poco más de 20%. Además, aspectos característicos de la economía mexicana, como los altos niveles de empleo informal y la desigualdad laboral de género, actúan como fuertes inhibidores del pleno desarrollo del sector laboral formal. De hecho, 31% de las empresas en el país manifiestan que tienen dificultades para encontrar empleados con las habilidades y conocimientos que requieren, lo cual disminuye el interés del sector privado internacional por invertir en México y en su mercado laboral.
> Cambios tecnológicos: los avances en el conocimiento y la innovación son fundamentales para aumentar la productividad laboral, en especial cuando resultan en el desarrollo de nuevos sistemas y/o dispositivos tecnológicos. Los incentivos gubernamentales (como los estímulos fiscales, la razonable asignación de recursos en el presupuesto público para investigación y desarrollo, etc.) al igual que los programas y competencias organizadas por el sector privado forman parte de los mecanismos que promueven los avances en la ciencia y la tecnología. A pesar de la importancia de estos factores para la economía nacional, México no parece considerarlos como prioridades: el gobierno mexicano asigna menos de 1% del PIB al año hacia estos sectores desde el año 2018 (0.43% en promedio durante el último sexenio), mientras que países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón destinan porcentajes mayores a 2.5%.
Tomando en cuenta los factores cruciales en los que nuestro país debe mejorar para incrementar su productividad laboral, una solución razonable sería la de adoptar políticas y estrategias similares a las que los países desarrollados emplean hoy en día para alcanzar niveles sobresalientes en este indicador. Mediante reformas estructurales (primordialmente educativa y laboral) y el compromiso de implementarlas en un plazo que trascienda cualquier sexenio o agenda política, el gobierno federal puede lograr el desarrollo integral de sus trabajadores y de los sectores de la ciencia y la tecnología. Expandir los horizontes de la productividad laboral mexicana requerirá del esfuerzo coordinado entre el sector público y el privado, el cual deberá ser ejecutado bajo un contexto de mutua confianza y beneficencia. Esto se debe a que, dependiendo de que tan amplias sean las facilidades establecidas en el marco legislativo mexicano (incluyendo las reformas estructurales y los proyectos de infraestructura necesarios), será la magnitud del impacto que las empresas privadas generen en el país en lo referente a la productividad laboral.
Una vez que el sector privado tenga acceso a diferentes incentivos para invertir en innovaciones tecnológicas, adquirir herramientas avanzadas y captar personal calificado, el mercado laboral de México será percibido de manera favorable por las empresas con planes de formar parte del entorno empresarial mexicano. A consecuencia del subsecuente aumento en la inversión en nuestro país, la productividad laboral experimentará un incremento en cuanto al valor de lo producido, además de que otros problemas socioeconómicos como el desempleo y la pobreza podrían reducir sus márgenes.
Penosamente, la realidad incómoda de la corrupción en México termina empobreciendo cualquier intento del sector público por mejorar el nivel competitivo de la fuerza laboral mexicana. Si las autoridades federales verdaderamente aspiran a que la productividad laboral nacional sea destacable, es necesario establecer un régimen que contemple las medidas necesarias para corregir las deficiencias en las tres categorías señaladas como primordiales para alcanzar una alta productividad laboral, así como convencer al sector privado de que dichas mejoras se efectuarán de manera transparente y con el objetivo de garantizar el rendimiento de sus inversiones en el país. 
1 García, A.K. (2019, 10 de febrero). “México tiene una jornada laboral extensa y niveles bajos de productividad [en línea]. El Economista, Factor Capital Humano. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-significa-que-un-pais-tenga-baja-productividad-laboral-20190210-0005.html>. Consultado el 28 de junio de 2019.
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). Panorama Social de América Latina, 2016. Santiago: Naciones Unidas/CEPAL. Disponible en: <https:// repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf>. Consultado el 22 de junio de 2019.
3 World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>. Consultado el 27 de junio de 2019.
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). Getting it Right: Prioridades estratégicas para México. París: Éditions OCDE. <http://dx.doi. org/10.1787/9789264292871-es>.
5 Solís, A. (2018, 28 de noviembre). “EPN no llegó a su meta de inversión en ciencia, tecnología e innovación”. Forbes México. Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/ pena-nieto-incumple-promesa-de-inversion-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/>. Consultado el 25 de junio de 2019.
Referencias
OpenStax (2019). Principles of Economics. Disponible en: <http://cnx.org/contents/ bc498e1f-efe9-43a0-8dea-d3569ad09a82@7.1.>. Consultado el 7 de junio de 2019.

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Posición del IMCP respecto a la eliminación del dictamen fiscal

Respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal contenida en la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), relacionada con la eliminación del dictamen fiscal, se presenta la posición de la Contaduría Pública organizada.
Desde luego, nuestra posición es de un total rechazo a la propuesta, no solo por la importancia que representa para la profesión contable este servicio, sino por el perjuicio que esta reforma originará en los contribuyentes con mediana capacidad administrativa y escasa asesoría fiscal, y en la recaudación fiscal del país.
Tamaño de la práctica independiente
Existen 18,028 Contadores Públicos Registrados en el Servicio de Administración Tributaria, de los cuales 8,052 están activos.[1] Estos contadores dictaminaron en 2012 a 92,750 contribuyentes.
Cada Contador Público que dictamina requiere, en promedio, de seis personas para auxiliarlo en planear, ejecutar y supervisar el trabajo requerido para emitir un dictamen fiscal. Por lo que, el total de Contadores independientes que participan en revisar la situación fiscal de los contribuyentes asciende a 56,364 personas.
Por otra parte, el SAT cuenta con 9,451[2] empleados encargados de fiscalizar a 38´474,000 contribuyentes, de los cuales 1´503,300 son personas morales.[3]
A todas luces, el músculo fiscalizador de la autoridad es insuficiente, no solo para fiscalizar a los contribuyentes registrados, sino que es lo más apremiante, para regularizar a los participantes en la economía informal que crece geométricamente para llegar en actualidad a representar 60%[4] de la Población Económicamente Activa (PEA).
En ese sentido, cuando el Contador Público, en el desempeño de su trabajo, observa diferencias de impuestos por enterar o recuperar de parte de su cliente, estas son corregidas por él antes de presentar el dictamen fiscal, inclusive, son consideradas por él al presentar la declaración anual de impuestos, a fin de evitar que sean observadas por el Contador Público en su dictamen fiscal que emita.
Al respecto, la misión del Contador Público independiente no es auxiliar a la autoridad fiscal en la fiscalización, sino revisar los registros contables de sus clientes y asesorarlos en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Esa es la razón porque, conforme lo señala el Ejecutivo Federal en su Exposición de Motivos de la iniciativa de reformas al CFF, solo 0.97 % de los dictámenes presentados en 2011 el Contador “registró opinión con repercusión fiscal”. Con esto el contribuyente corrige su situación fiscal antes de presentar el dictamen, a fin de contar con una opinión sin salvedades de índole fiscal.
Evolución del dictamen fiscal e impacto en las finanzas públicas
Conforme a la Exposición de Motivos del decreto presidencial que le dio vida al dictamen fiscal, el Ejecutivo mencionó que el objetivo del dictamen es: “evitar molestias innecesarias o infundadas a los contribuyentes cumplidos” y permitir “al fisco orientar su acción contra los defraudadores que ocasionan problemas de trascendencia para el desarrollo de nuestra economía”.[5]
Adicionalmente, el dictamen fiscal promueve la cultura administrativa de los contribuyentes y garantiza la generación de información financiera útil entre los contribuyentes.
En los últimos años, el dictamen fiscal ha sufrido cambios sustanciales. De los originales ocho anexos que contenía en 2007 pasó a 25 anexos, en 2008 a 40 y dos cuestionarios con 281 preguntas.
Además, en 2010 la autoridad otorgó la opción a los contribuyentes de no dictaminar por Contador Público sus obligaciones fiscales.
El resultado en las finanzas públicas, como consecuencia del trabajo del Contador Público, puede observarse en la siguiente estadística de la recaudación obtenida como consecuencia de los dictámenes presentados con diferencias a cargo, proporcionada por el SAT en 2011:[6]
 

[1] Datos a 2012 proporcionados por el SAT. Los Contadores activos son quienes de 2009 a 2011 presentaron al menos un dictamen
[2] En la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 8,205 y en la Administración General de Grandes Contribuyentes 1246, según el Reporte Anual 2012 y Retos para 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT.
[3] Padrón de contribuyentes activos según el reporte mencionado en la cita anterior.
[4] Información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el mes de mayo de 2013.
[5] Ver Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1959.
[6] Datos obtenidos de la Revista de Contaduría Pública del IMCP, junio de 2012.
En promedio, como resultado del ejercicio profesional del Contador Público independiente el Fisco Federal obtuvo 17,910 millones de pesos anuales adicionales.
Esa cifra es ligeramente superior a los $17,144 millones que espera recaudar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2014 por incrementar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 16% en la región fronteriza; equivalente a 97% de los $18,467 millones que espera recaudar por gravar la venta, renta e intereses hipotecarios de casa habitación, y a 73% de los $24,456 millones que espera recaudar por gravar los servicios de enseñanza.[1]
Además, en la estadística anterior puede observarse la importante reducción en el impuesto recaudado en 2010, esto obedeció a que, a partir de ese año, la autoridad otorgó la opción a los contribuyentes de no dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. 
Evaluaciones de la autoridad al Contador Público independiente
Se estima que la autoridad revisa 10% de los dictámenes presentados. Es decir, en 2011 la autoridad revisó los papeles de trabajo del Contador de 8,707 dictámenes.
En 2011 la autoridad suspendió a 192 Contadores Públicos y canceló a 18. En total, 210 Contadores tuvieron, a juicio de la autoridad, irregularidades en su actuación profesional, según información proporcionada por el SAT.
De acuerdo con lo anterior, 98% de los 8,707 trabajos revisados por la autoridad fueron de una calidad aceptable y solo en 2% observó alguna irregularidad que dio lugar a una sanción.
Lo anterior es un indicativo de la calidad profesional de la mayoría de los contadores públicos aplicada en la ejecución de sus trabajos.
Conclusión
Los datos señalados en este documento demuestran que el dictamen fiscal es una valiosa herramienta que ayuda al contribuyente a cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, además del beneficio que recibe el fisco en el incremento de la recaudación que, en promedio, equivale a lo que recaudará por homologar la tasa del IVA en la frontera.
C.P.C. Pedro Carreón Sierra
Vicepresidente Fiscal
Instituto Mexicano de Contadores Públicos

ÍNDICE MEXICANO DE CONFIANZA ECONÓMICA AGOSTO 2013

[1] Cifras obtenidas del Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 de la SHCP.
El Índice Mexicano de Confianza Económica de agosto señala una profundización de la recesión
Los Contadores Públicos del país volvieron a reflejar pesimismo en su percepción sobre la situación de los negocios en México en el pasado mes de agosto, tendencia que viene observándose con altibajos desde el pasado mes de enero. El Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de agosto tuvo un comportamiento a la baja. En este mes la reducción se observó en ambos componentes: la situación actual y la percepción futura.
La percepción de la situación actual bajó en 3.08 unidades y se ubicó en 65.84 unidades. Esto implica un decremento mensual de -4.47% y una reducción anual de -0.73%.
La percepción de un clima de negocios a futuro también decayó, en -2.25 unidades situándose en 77.03 unidades, reflejando una baja de -2.83% mensual, equivalente a un pequeño incremento del +0.05% anual.
El índice compuesto bajó así en -2.71 puntos, registrando un nivel de 70.81 unidades, que equivalen a una variación negativa de -3.68% mensual, y de -0.36% anual.
El IMCE nos da una lectura oportuna sobre la evolución reciente de la economía y de sus expectativas a mediano plazo, pero una lectura más amplia se obtiene al considerar el IMCE total, más otros indicadores de difusión como el ISM de la Manufactura americana, y el indicador IMEF compuesto (Manufactura y no manufactura) con el IGAE histórico, como se observa en la siguiente gráfica, en la que destaca el repunte de la manufactura en los Estados Unidos en los últimos dos meses. 
Lic. Ernesto O´Farrill Santoscoy
Presidente de la Comisión de Análisis Económico 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
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Visión del IMCP ante la Propuesta de Reforma Fiscal

El Presidente Enrique Peña Nieto presentó el pasado 12 de agosto de 2013 su propuesta de reforma energética.
El pasado 8 de Septiembre, 2013, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso la Iniciativa de Reformas Fiscales para 2014. De inmediato nos dimos a la tarea de estudiarla, por lo que enseguida compartimos con ustedes nuestra visión de la misma.
Para ello debemos recordar en primer lugar que la política tributaria de un país constituye un instrumento de política económica, como existen otros instrumentos; de tal forma que, hablar de impuestos, es hablar de economía.

Así las cosas y considerando que estamos plenamente inmersos en la globalización, podremos entonces entender que no solamente los empresarios, industriales o profesionistas están compitiendo con el resto del mundo, sino que también nuestro país está compitiendo, entre muchas otras cosas, con su esquema fiscal.
Requerimos, pues, contar con una estructura tributaria que sea claramente competitiva en el contexto internacional, pues ello nos permitirá, por una parte, mantener los capitales mexicanos y por la otra, atraer las inversiones extranjeras.
Habiendo inversiones nacionales y extranjeras, habrá empleo. Con inversiones y con empleo se generará el pago de impuestos. Habiendo inversión, empleo e impuestos, habrá bienestar social. Es decir, se generará el círculo virtuoso que nuestro país requiere.
Al revés, se genera el círculo vicioso en el que estamos metidos que, además de no generar la recaudación necesaria, mucho daña el desarrollo de nuestra sociedad.
Considerando lo anterior, en el IMCP nos preocupa:
–       Que al día de hoy México no cuente con un esquema fiscal que sea eficiente, que sea competitivo. En efecto, como una referencia de muchas, se puede observar del Informe sobre la Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) en el punto en el que se analiza la competitividad en materia fiscal en 140 países, México ocupa un muy remoto lugar.
–       Que de aprobarse las reformas fiscales propuestas para el ejercicio 2014, se estará generando que nuestro sistema fiscal sea todavía menos competitivo en el contexto internacional, con los consecuentes efectos negativos en los temas de captación de inversión, fortalecimiento del empleo, recaudación y bienestar social.
En efecto, las reformas fiscales propuestas tienen el objetivo claro de gravar mas a los mismos contribuyentes cautivos de siempre, al 40% de los participantes en la actividad económica que se encuentran dentro de la economía formal. No existen mayores propuestas para combatir al otro 60% que se encuentra en la informalidad, fenómeno que por otra parte es creciente.
Por otra parte, se mantiene el esfuerzo recaudatorio importante únicamente por parte de la Federación, pues los Estados han venido siendo únicamente receptores de las participaciones que de esta reciben, aproximadamente el 92 % del total de ingresos que perciben, sin que se les esté asignando la responsabilidad de hacer su propio esfuerzo recaudatorio.
Concretamente, nos referimos, entre muchas otras, a reformas para este 40% tales como:
  • La eliminación de: la Deducción Inmediata, del régimen de consolidación para efectos fiscales, de la deducción de aportación a fondos de pensiones y jubilaciones; así como el acotamiento o desaparición de diversas deducciones de erogaciones perfectamente legítimas. Conceptos todos ellos que en otros países si se permiten.
  • El incremento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas del 30 al 32 % y el gravamen del 10%  a las utilidades generadas en la Bolsa de Valores y al pago de dividendos; así como a el acotamiento de las deducciones personales realizadas por las personas físicas por concepto de gastos médicos, hospitalarios, funerarios, donativos, etc. a un monto máximo de 2 salarios mínimos anuales.
  • Algunas de las reformas al Código Fiscal de la Federación y muy particularmente la relativa a la eliminación de la figura del Dictamen Fiscal, figura que tanto bien le ha hecho a la cultura fiscal y a la recaudación en nuestro país.
Por supuesto que estamos a favor de que pague más quien más tiene, es una sentencia irrefutable, como irrefutable y mandato constitucional es que esta premisa se aplique al 100 % de los participantes en la actividad económica, situación que no se da con la reforma propuesta.
Nos preocupa también que se trata de una reforma que no recaudará cantidades importantes. Se tiene contemplado que incremente la recaudación en 3 puntos del PIB para el año 2018, al final del sexenio, de lo que se destinará 1 punto para entregarlo a los estados y municipios, quedando entonces solamente 2 puntos de incremento, cuando a nuestro país le urge alcanzar niveles de recaudación de 16 – 18% del PIB para poder hacer frente a las obligaciones que corresponde asumir al estado.
Históricamente no hemos logrado sobrepasar niveles de recaudación de aproximadamente el 10% del PIB, a pesar de las reformas fiscales que por décadas se han hecho año con año.
Este nivel es muy bajo, si consideramos que el promedio de recaudación en los países que integramos la OCDE es del 25% y en América Latina es del 15%.
Finalmente nos preocupa que por tratarse de una reforma que no elevará la recaudación a los niveles que el país requiere, pero que sí está incorporando compromisos sociales que demandarán enormes recursos, se estará elevando la deuda pública a niveles muy peligrosos que amenazan con volver a las malas experiencias que en esta materia vivimos en las décadas de los años setentas y ochentas, y que hasta la fecha todavía estamos pagando.
La estrategia pues, es simple, México requiere que se haga lo necesario para contar con un esquema fiscal que sea competitivo en el contexto internacional, para poder generar más inversión, más empleo, más impuestos y, con ello, más bienestar social.
Para mejorar la recaudación a los niveles que el país necesita, requerimos contar con un esquema fiscal que sea eficaz y competitivo en el contexto internacional, como ya se explicó previamente.
Que México sea competitivo implica que ofrezca un esquema que se acerque, iguale o aventaje la oferta fiscal de los países con los que compite.
Ahora, estos países están ofreciendo esquemas en donde:
  • Los impuestos al gasto (impuestos indirectos) son la base de la recaudación.
  • Los impuestos al ingreso (impuestos directos) son relativamente bajos.
  • No se mantienen o se mantienen pocos impuestos al patrimonio.
Señores Congresistas:
No se debe desaprovechar la oportunidad histórica que en este momento se nos presenta, para implementar de una vez por todas, la reforma fiscal que México requiere para hacer frente a todos sus compromisos, pero particularmente a aquellos que están relacionados con la inversión social.
Otros países sí tuvieron la capacidad de hacerlo y están ahora recogiendo ya los frutos de esas reformas.
La globalización nos obliga a todos a ser más competitivos, incluyendo en ello a nuestro esquema fiscal, con el fin de que nos permita mantener los capitales mexicanos y atraer los capitales extranjeros que se requieren para complementar la inversión nacional.
Esta es la forma de crear riqueza, de crear empleos, de generar impuestos.
Es grave que no solamente no avancemos, sino que en una estéril autocomplacencia solo observemos cómo nos están rebasando otros países, por la derecha y por la izquierda.
En el IMCP confiamos que en el presente periodo de sesiones del Congreso se tome en cuenta lo que el país está demandando en esta materia.
 
C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán
Presidente
Instituto Mexicano de Contadores Públicos

 

 

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Cuando los Aumentos de Capital se Convirtieron en AFAC

EL LIC. JOSÉ MIGUEL ERREGUERENA ALBAITERO, Integrante de la Comisión Fiscal, realizó un análisis referente a “CUANDO LOS AUMENTOS DE CAPITAL SE CONVIRTIERON EN AFAC”.

 

El presente artículo tiene por objeto analizar diversas consideraciones en materia mercantil y fiscal, acerca de la formalidad en que deben revestir los acuerdos de aumento de capital en las sociedades de capital variable.

 

De conformidad con los Arts. 6, 89 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) se establecen como requisitos de la constitución de ciertas sociedades, la aportación y determinación del capital social de la sociedad.

 

En este sentido, el Lic. Joaquín Rodríguez Rodríguez, establece lo siguiente:

 

[…] Para que exista la sociedad anónima no basta un simple proyecto de estatutos, sino que es indispensable un grupo de personas que de su adhesión y que aporte su dinero para hacer posible el cumplimiento de las finalidades sociales.

 

Es decir, uno de los presupuestos indispensables para la formación de ciertos tipos de sociedades resulta ser la integración y determinación de su capital, el cual, en términos generales se logra mediante la aportación inicial de capital de sus socios o accionistas.

 

Ahora bien, este capital puede ser incrementado en forma posterior a su aportación inicial o constitución. Con respecto al aumento de capital, el Art. 9 de la LGSM permite que toda sociedad aumente su capital, siempre y cuando se observen los requisitos que disponga ese ordenamiento.

 

Este análisis puede ser consultado en el número 2013-10 de Fiscoactualidades.

 

Recomendaciones para contratar a un proveedor de factura electrónica

(Proveedor de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet PAC)

  1. Verifica que está autorizado, consultando en la página del SAT .
  2. Si tienes duda llame a InfoSAT 01 800 46 36 728.
  3. Busca el logotipo oficial del PAC y valida que el nombre comercial de la empresa y su razón social correspondan a los publicados.
  4. Firma contrato de prestación de servicios con el proveedor.
  5. Exije niveles de servicio y que éstos queden estipulados en el contrato.
  6. En caso de incumplimiento presenta tu queja o denuncia en contra del Proveedor a través de la opción de Mi portal.

Te recordamos que las obligaciones de los PAC son:

  1. Validar los requisitos del comprobante,
  2. Asignar folio fiscal
  3. Incorporar el sello digital del SAT

Los servicios complementarios o relacionados que ofrecen los PAC o terceras empresas, tales como la generación, almacenamiento o procesamiento de tus comprobantes, no son regulados por el SAT; sin embargo se sugiere que dichos servicios se presten al amparo de un contrato que establezca claramente las responsabilidades de los prestadores de servicios, conforme a las disposiciones civiles o mercantiles.
Si deseas manifestar una queja, sugerencia o reconocimiento, puedes hacerlo desde el sitio Mi portal con tu RFC y Contraseña o de manera anónima en esta página.

¿Cuánto gana un contador público en México?

Establecer parámetros de sueldos de la Profesión Contable en México servirá para identificar las oportunidades de crecimiento de los profesionales de la contaduría, tanto a nivel geográfico como por nivel de responsabilidades, de forma que tanto empresas como contadores tengan un marco de referencia del potencial económico de la carrera.
Fiscalia lleva a cabo la Encuesta Nacional Fiscalia sobre Sueldos de la Profesión Contable 2013 para recopilar información sobre las tendencias en esta materia.

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Participa en la encuesta pulsando sobre el siguiente enlace:
Encuesta Nacional Fiscalia sobre Sueldos de la Profesión Contable 2013
 
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