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SAT agilizará las devoluciones de IVA a tres sectores.

México, D.F., a 20 de junio de 2014


Continúa el SAT diálogo con organismos empresariales


PDF 321 kB | 


  • La Ciudad de México, Hidalgo y San Luis Potosí fueron sedes de estos encuentros entre la autoridad fiscal y la iniciativa privada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se reunió esta semana con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Hidalgo y San Luis Potosí.
Durante estos encuentros, que se realizan en el marco del Acuerdo de Colaboración signado con el CCE el 29 de abril, el Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, reiteró que se está trabajando para agilizar las devoluciones de IVA a tres sectores, generadores naturales de saldos a favor: el sector primario, la industria exportadora y las nuevas inversiones, de manera que se les pueda devolver en un máximo de 20 días, pero para quienes se encuentran en un modelo de riesgo, se necesita un análisis más profundo, que requiere tiempo.
“Pagar impuestos, dijo, es la materialización de la responsabilidad ciudadana, por lo cual la recaudación y las devoluciones son un tema de conciencia”.
Por otro lado, destacó que la actual administración apuesta a las nuevas tecnologías como una herramienta que hará más fácil y rápido realizar trámites ante el fisco, apoyando a quienes quieren cumplir, pero al mismo tiempo, señaló que hará más sencillo detectar a quienes no lo hacen y actuar en consecuencia. Un ejemplo de ello, dijo, es el uso de la factura,  la contabilidad electrónica o el buzón tributario.
Sobre la informalidad, indicó que es un tema cuya solución se vislumbra a mediano y largo plazo, que además no es exclusivo de la autoridad, sino que requiere la participación de toda la ciudadanía.

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El precio de los productos o servicios deben incluir IVA


El precio de los bienes, productos o servicios deben incluir IVA, ésto además de que implica una cuestión fiscal, también es algo que afecta al consumidor final y la PROFECO desde el 2010 protege a los consumidores contra los proveedores que no incluyan en sus precios todos los cargos (Incluido el IVA).

Comunicado 150

PROFECO REAFIRMA QUE EL PRECIO DE BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS CARGOS A PAGAR

Hoy entra en vigor la reforma al Artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor que exige a los proveedores mostrar precios de forma notoria y visible
Los precios deben corresponder al monto total a pagar e incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier cargo adicional. De lo contrario, Profeco puede sancionar al proveedor con 1,220,000 pesos.
México, DF, a 16 de noviembre de 2010. El derecho del consumidor a pagar sólo la cantidad señalada en las etiquetas o anuncios se confirma a partir de hoy con la entrada en vigor de la reforma al Artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
El monto total a pagar, precisa la nueva adición a la LFPC, debe contener “impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea esta al contado o a crédito”.
Por lo tanto, el precio de todo bien, producto o servicio que se exhiba a la venta o en publicidad debe incluir la totalidad de los cargos extra. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá sancionar con una multa de 1,220,000 pesos a los proveedores que no cumplan con la reforma.
Esta medida protege a los consumidores contra empresas que publiciten sus productos o servicios sin mostrar el costo real a pagar en caja, como ocurre con las promociones en tarifas aéreas, paquetes vacacionales, compra de automóviles, tarifas de telefonía móvil, televisión de paga y ventas por internet. Dicha publicidad se considerará engañosa si no indica el costo total al consumidor.
La disposición aplica para todos los sectores que ofrecen bienes o servicios al consumidor, tanto proveedores directos (fabricantes) como intermediarios (supermercados o tiendas de autoservicio).
Desde la incorporación del Artículo 7 bis a la LFPC en 2004, los proveedores tienen la obligación de exhibir de forma visible el monto total a pagar por bienes, productos o servicios.
La adición a este artículo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2010 y entra en vigor a partir de hoy. En el nuevo párrafo de la Ley se hace hincapié en que el monto total a pagar debe mostrarse de manera notoria y además precisa que este monto debe contener todo cargo adicional.
Los proveedores están obligados a informar y respetar precios, tarifas, garantías y demás condiciones que ofrezcan. Si esto no sucede, el consumidor afectado puede presentar su queja en las delegaciones y subdelegaciones de Profeco o llamar al Teléfono del Consumidor (5568 8722 desde el DF y área metropolitana; 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país).

Dirección General de Comunicación Social
Teléfonos: 5625 6862 y 5625 6797, ext. 1348 

Correo electrónico: ucs@profeco.gob.mx

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La reforma fiscal de Rajoy: menos impuestos para ricos, ‘súperricos’ y grandes empresas.

El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. Foto: AP.
El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. Foto: AP.

El Gobierno Español ha dado luz verde por fin a la esperada reforma fiscal, siguiendo el guión de las numerosas filtraciones que habían adelantado los ejes maestros de la propuesta. Por el momento, y a la espera de conocer el lunes más detalles, la reforma gira alrededor de una bajada de impuestos directos muy asimétrica, en especial sobre el IRPF que afecta a las rentas del trabajo. Los tramos de los tipos pasarán de siete a cinco, y la rebaja se hará en dos años, entre 2015 y 2016.

En 2016, el tipo más bajo pasaría a ser del 19%, frente al 24,75% actual y el más elevado sería del 45% frente al 52% actual. El tramo más bajo afecta a los que ingresan menos de 12.450 euros y el tramo más alto los que ingresan de 60.000 euros en adelante. Son los dos extremos, los mileuristas con hasta 12.000 euros de ingresos al año y los que ganan más de 175.000 euros los más beneficiados por las rebajas.

El Gobierno ha dado luz verde por fin a la esperada reforma fiscal, siguiendo el guión de las numerosas filtraciones que habían adelantado los ejes maestros de la propuesta. Por el momento, y a la espera de conocer el lunes más detalles, la reforma gira alrededor de una bajada de impuestos directos muy asimétrica, en especial sobre el IRPF que afecta a las rentas del trabajo. Los tramos de los tipos pasarán de siete a cinco, y la rebaja se hará en dos años, entre 2015 y 2016.

En 2016, el tipo más bajo pasaría a ser del 19%, frente al 24,75% actual y el más elevado sería del 45% frente al 52% actual. El tramo más bajo afecta a los que ingresan menos de 12.450 euros y el tramo más alto los que ingresan de 60.000 euros en adelante. Son los dos extremos, los mileuristas con hasta 12.000 euros de ingresos al año y los que ganan más de 175.000 euros los más beneficiados por las rebajas.

A estos tramos hay que añadir además la parte autonómica. En el caso de Catalunya, por ejemplo, el tramo autonómico eleva el tipo actual más alto del 52% al 57%.

Estos son los tipos que se aplican pero luego lo que pagan realmente los contribuyentes cambia al aplicar el mínimo exento y las bonificaciones o desgravaciones correspondientes a cada caso.
Además, suben los mínimos exentos por descendiente y para las personas con una discapacidad superior al 33%.

En esta línea, se amplía la lista de bonificaciones, los famosos agujeros del sistema. En el caso del IRPF están centrados en ayudas que recibe la madre trabajadora por cada hijo menor de tres años, personas con discapacidad y familias numerosas. Es una suerte de cheque fiscal de 1.200 euros anuales, acumulables para cada una de las situaciones familiares.

En principio, Hacienda no remienda ni uno de sus coladeros en el sistema, una de las principales peticiones demandadas por todos los expertos.

En cuanto a tipos efectivos, esto es, lo que se paga realmente de impuestos una vez descontado el efecto de los mínimos exentos y otras bonificaciones, los cambios son más elevados. Los que tengan de rendimiento del trabajo menos de 12.000 euros pasarán a no tributar y los de 15.000 euros tanrán una rebaja de casi el 23% respecto a lo que pagan en la actualidad. El Ejecutivo asegura que los que ganen menos de 24.000 euros tendrán una rebaja media en su factura fiscal del 23,5% para 2016.
Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la rebaja la notarán 20 millones de contribuyentes en las nóminas de enero de 2015. “Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Los españoles van a recibir la compensación por los sacrificios que han hecho”, matizó el ministro Cristóbal Montoro.

Los dos políticos populares destacaron el espíritu “equitativo” de la reforma, que, en su opinión, favorece en particular el empleo, a las rentas más bajas, a las familias y a las personas con discapacidad. Montoro cree que el nuevo diseño tributario favorecerá la inversión y el emprendimiento.

Tipos más bajos para grandes empresas
En este sentido, como ya se había anticipado, el impuesto para las grandes empresas bajará del 30% actual y lo hará en dos pasos. En 2015 el tipo será del 28% y en 2016 del 25%. Además, y en contra de la anunciada filosofía de eliminación de privilegios fiscales, las pymes tendrán aún más bonificaciones con el fin de ampliar el número de empresas que pueden acceder a un tipo del 20%.
Montoro ha asegurado que amplían la base imponible para que el tipo efectivo que pagan las empresas, es decir, el porcentaje de sus beneficios, sea mayor que el actual. Pero, y en contra del criterio de los sabios, se refuerzan bonificaciones como el I+D+i. En general, no se ha seguido ninguno de los consejos del comité de expertos.

Además, y desoyendo los consejos de los organismos internacionales, el Ejecutivo confirma que no subirá los tipos del IVA actual y solo modificará el tipo al que tributan algunos bienes sanitarios en cumplimiento de las sentencias internacionales. Tampoco se crearán impuestos medioambientales tal y como habían pedido expertos y organismos.

Tampoco se tocan en principio los otros grandes impuestos, como Patrimonio, que dependen de la negociación con las comunidades autónomas. No se modifica la actual tributación por los inmuebles, ni de primera ni de segunda vivienda.

Sí se mejora la fiscalidad al ahorro que, obviamente, beneficia al que tiene capacidad para ahorrar e invertir. El tipo máximo, que se sitúa en estos momentos en el 27%, baja al 23% y para bases imponibles muy elevadas, esto es, entre el 24.000 y 50.000 euros, se queda en un 21%.

Un capítulo olvidado al menos en el esquema anunciado hoy es la lucha contra el fraude. Montoro solo anticipó que publicará una lista de morosos.

En definitiva, una reforma que solo baja impuestos, apenas modifica la estructura impositiva actual y no afronta las principales dificultades del sistema a la hora de garantizar una recaudación suficiente.

También puedes leer la nota en El Diario.es

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Latinoamérica debe mejorar recaudación fiscal.

Ciudad de México, 20 de junio de 2014.- Los países de América Latina y el Caribe deben hacer más para mejorar la gestión presupuestaria, la recaudación impositiva y la igualdad de las remuneraciones del sector público para equipararse con las economías avanzadas en el desempeño del gobierno, de acuerdo con un informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En el informe titulado Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2014 se indica que alrededor de la mitad de los 17 países han introducido instrumentos presupuestarios innovadores, entre ellos normas fiscales o fondos de estabilización que añadieron una capa protectora para amortiguar los impactos de la crisis económica mundial.


Empero, aún puede hacerse más para mejorar la administración general de las finanzas públicas, las contrataciones y remuneraciones del sector público y las prácticas de adquisiciones públicas, dice el informe. Esto puede ayudar a elevar los estándares de vida, reforzar los servicios públicos y proteger contra futuros choques económicas.

Por ejemplo, el informe revela desigualdades en las remuneraciones del sector público, con las altas jefaturas percibiendo remuneraciones mucho más altas frente a otros funcionarios, en comparación con países de la OCDE. Según el primer estudio comparativo entre países, los altos jerarcas perciben hasta 11 veces los ingresos promedios (medidos como PIB per cápita), mientras que los ingresos de sus pares de los países de la Organización equivalen a 5,9 veces.

“Las buenas prácticas de gobierno son críticas para el desarrollo económico, para resistir los embates y fomentar el bienestar ciudadano,” dijo Edwin Lau, jefe de la reforma del sector público en la OCDE, al presentar el informe en Ciudad de México, junto con el BID. “Esto nos muestra exactamente en qué aspectos han progresado los gobiernos de América Latina y el Caribe y donde hay tareas pendientes”.
Los países de América Latina y el Caribe tienen gobiernos más reducidos e instituciones menos maduras que en muchos países económicamente avanzados, pero deben responder a sus ciudadanos que crecientemente reclaman los mismos estándares de servicios y de calidad de vida.
“Es cierto que la región ha tenido importantes innovaciones en el manejo de las finanzas públicas en la última década, como es la incorporación de presupuestos basados en rendimiento. Los gobiernos deben enfocarse aún en el espacio fiscal para aumentar los gastos muy necesarios en la reducción de la pobreza, infraestructura básica, y la mitigación de choques económicos”, dijo Gustavo García, el economista principal de la división de Gestión Fiscal y Municipal del BID.
El reporte examina 17 países en 31 áreas, mostrando el rendimiento de países de América Latina y el Caribe (ALC) entre sí y frente al promedio de la OCDE.

Algunas de las conclusiones principales:

  • Los países de América Latina y el Caribe tienen sectores públicos reducidos y el empleo público constituye 10,7% de la fuerza de trabajo, mientras que en la OCDE el promedio asciende a 15,3%. Un sector público eficiente es algo positivo, pero se requiere de un tamaño mínimo para prestar servicios adecuados. 
  • Diez países de América Latina y el Caribe han introducido normas fiscales y muchos han agregado fondos de estabilización con el objeto de contrarrestar las variaciones cíclicas de los precios de los productos básicos. Ocho países de América Latina y el Caribe utilizan marcos de gastos a mediano plazo, para lograr una perspectiva presupuestaria a largo plazo. 
  • Los ingresos de los gobiernos de América Latina y el Caribe equivalen a 25,6% del PIB y el promedio en los países de la OCDE es 41,9%, y los promedios de gastos son 27,8% del PIB y 45,2% del PIB, respectivamente. Esto obedece, en parte, a un bajo nivel de recaudación impositiva. La evasión tributaria y la ausencia de estructuras impositivas progresivas constituyen retos significativos para los gobiernos de América Latina y el Caribe. 
  • Los empleados públicos ganan menos de lo que percibirían en las economías avanzadas, aunque su situación tiende a ser mejor que la de los trabajadores del sector privado. Las amplias diferencias de remuneración significan que los jefes superiores ganen 6,7 veces más que las secretarias, en comparación con 4,6 veces en los países de la OCDE. 
  • La mayoría de los países de América Latina y el Caribe usa sistemas electrónicos de adquisiciones con el fin de asegurar la transparencia, pero el uso de códigos de conducta y las medidas contra la corrupción son poco frecuente. Pocos países usan las adquisiciones públicas como instrumento para la promoción de empresas pequeñas o compañías nuevas.

    Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

    Les compartimos la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias en formato PDF, WORD y epub para que elijan el formato que más se adapte a sus necesidades.

     A continuación un extracto de la exposición de motivos:


    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

    La regulación de las profesiones en general y del ejercicio
    de las mismas en particular ha sido tradicionalmente limitada y escasa. Era
    necesaria una revisión profunda del papel que se le debe reconocer al ejercicio
    profesional en el buen funcionamiento del Estado para proceder a regular dicho
    ejercicio en los términos de dignidad y respeto que las profesiones merecen y
    requieren.
    Si bien la legislación estatal mantiene algunos elementos de
    uniformidad, hay aspectos en donde las diferencias son importantes.
    Específicamente en el papel que se les confiere a los Colegios de
    Profesionistas en el control ético y desarrollo profesional y de actualización
    de sus agremiados. La uniformización de la legislación de profesiones o en su
    caso la expedición de una ley general de profesiones era recomendable.
    Las condiciones generales de admisión al ejercicio de una
    profesión deben atender a cuestiones tanto de ética, honorabilidad y probidad
    como de aptitud técnica para su desempeño. 
    No todas las leyes de profesiones obligan actualmente a los
    Colegios de Profesionistas a contar con un Código de Ética Profesional, el
    contar con él es en ciertos Estados optativo y no se incluye la obligación de
    crear órganos colegiales que conozcan de las faltas al código ético
    respectivo.  En algunos Estados sí existe
    la exigencia, en otros ni siquiera se menciona la posibilidad de contar con
    él.  Esta es una falla grave que debe
    corregirse exigiéndose a los Colegios Profesionales la adopción de un Código de
    Ética Profesional adecuado y un órgano de control específico. 
    Por su parte, el correcto desempeño técnico de la mayoría de
    las actividades profesionales, bajo la normatividad actual, es un acto
    meramente voluntario. En efecto, salvo algunas excepciones muy destacables, que
    la propia Ley reconoce, en la gran mayoría de las profesiones no existe
    mecanismo alguno que permita tener la razonable tranquilidad de que los
    profesionistas cuentan con las competencias mínimas requeridas para su
    ejercicio. 
    La aprobación de la reforma constitucional que restablece la
    colegiación y determina la certificación obligatorias para ciertas actividades
    profesionales, modificando para ello, los artículos 5, 28 y 73
    constitucionales, el Constituyente Permanente ha otorgado un mandato expreso al
    Congreso de la Unión para expedir las leyes a que se refieren los párrafos
    tercero y cuarto del artículo 5° constitucional, así como para establecer la
    concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, los Estados y el
    Distrito Federal, en dicha materia. La presente Ley General para el Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y
    Certificación
     Obligatorias (la
    “Ley”, o la “Ley General”) constituye el paso indispensable para el cabal
    cumplimiento de dicho mandato[1]
    Siendo una ley general, el objetivo fundamental de la misma es doble:
    por un lado, establecer los requerimientos mínimos que deben observarse en todo
    el territorio nacional, y tanto en la jurisdicción federal como en la del
    Distrito Federal y los Estados, para el válido ejercicio de las actividades
    profesionales materia de regulación y, por otra parte,  distribuir las competencias entre la
    Federación y las Entidades Federativas, reservando a éstas ciertas facultades o
    poderes que terminarán de completar el régimen regulatorio de las actividades
    profesionales materia de la Ley, de acuerdo con las realidades existentes en
    sus respectivas jurisdicciones.


    [1]
    Otros pasos adicionales que convendrá valorar una vez que se encuentre en plena
    operación el modelo de colegiación y certificación obligatorias contenido en la
    Ley General, será elevar la especificidad de los requerimientos para el
    ejercicio de cada una de las actividades profesionales materia de dicho modelo,
    a través de la expedición de leyes generales para cada una de tales actividades
    profesionales. 
     

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