Empero, aún puede hacerse más para mejorar la administración general de las finanzas públicas, las contrataciones y remuneraciones del sector público y las prácticas de adquisiciones públicas, dice el informe. Esto puede ayudar a elevar los estándares de vida, reforzar los servicios públicos y proteger contra futuros choques económicas.

Por ejemplo, el informe revela desigualdades en las remuneraciones del sector público, con las altas jefaturas percibiendo remuneraciones mucho más altas frente a otros funcionarios, en comparación con países de la OCDE. Según el primer estudio comparativo entre países, los altos jerarcas perciben hasta 11 veces los ingresos promedios (medidos como PIB per cápita), mientras que los ingresos de sus pares de los países de la Organización equivalen a 5,9 veces.

“Las buenas prácticas de gobierno son críticas para el desarrollo económico, para resistir los embates y fomentar el bienestar ciudadano,” dijo Edwin Lau, jefe de la reforma del sector público en la OCDE, al presentar el informe en Ciudad de México, junto con el BID. “Esto nos muestra exactamente en qué aspectos han progresado los gobiernos de América Latina y el Caribe y donde hay tareas pendientes”.
Los países de América Latina y el Caribe tienen gobiernos más reducidos e instituciones menos maduras que en muchos países económicamente avanzados, pero deben responder a sus ciudadanos que crecientemente reclaman los mismos estándares de servicios y de calidad de vida.
“Es cierto que la región ha tenido importantes innovaciones en el manejo de las finanzas públicas en la última década, como es la incorporación de presupuestos basados en rendimiento. Los gobiernos deben enfocarse aún en el espacio fiscal para aumentar los gastos muy necesarios en la reducción de la pobreza, infraestructura básica, y la mitigación de choques económicos”, dijo Gustavo García, el economista principal de la división de Gestión Fiscal y Municipal del BID.
El reporte examina 17 países en 31 áreas, mostrando el rendimiento de países de América Latina y el Caribe (ALC) entre sí y frente al promedio de la OCDE.

Algunas de las conclusiones principales:

• Los países de América Latina y el Caribe tienen sectores públicos reducidos y el empleo público constituye 10,7% de la fuerza de trabajo, mientras que en la OCDE el promedio asciende a 15,3%. Un sector público eficiente es algo positivo, pero se requiere de un tamaño mínimo para prestar servicios adecuados. 
• Diez países de América Latina y el Caribe han introducido normas fiscales y muchos han agregado fondos de estabilización con el objeto de contrarrestar las variaciones cíclicas de los precios de los productos básicos. Ocho países de América Latina y el Caribe utilizan marcos de gastos a mediano plazo, para lograr una perspectiva presupuestaria a largo plazo. 
• Los ingresos de los gobiernos de América Latina y el Caribe equivalen a 25,6% del PIB y el promedio en los países de la OCDE es 41,9%, y los promedios de gastos son 27,8% del PIB y 45,2% del PIB, respectivamente. Esto obedece, en parte, a un bajo nivel de recaudación impositiva. La evasión tributaria y la ausencia de estructuras impositivas progresivas constituyen retos significativos para los gobiernos de América Latina y el Caribe. 
• Los empleados públicos ganan menos de lo que percibirían en las economías avanzadas, aunque su situación tiende a ser mejor que la de los trabajadores del sector privado. Las amplias diferencias de remuneración significan que los jefes superiores ganen 6,7 veces más que las secretarias, en comparación con 4,6 veces en los países de la OCDE. 
• La mayoría de los países de América Latina y el Caribe usa sistemas electrónicos de adquisiciones con el fin de asegurar la transparencia, pero el uso de códigos de conducta y las medidas contra la corrupción son poco frecuente. Pocos países usan las adquisiciones públicas como instrumento para la promoción de empresas pequeñas o compañías nuevas.