Una de las ideologías más veneradas a lo largo de la historia es la que afirma que “el trabajo duro es la mejor manera de alcanzar cualquier objetivo”. No obstante, a consecuencia del fenómeno disruptivo de la innovación tecnológica y digital en las últimas décadas, “trabajar de la manera más inteligente” poco a poco se está convirtiendo en la nueva filosofía por obedecer para alcanzar cualquier meta. Aunque en el transcurso de la historia ambas doctrinas han demostrado ser mecanismos efectivos para tener éxito en cualquier ámbito, el puro trabajo –por más digno y admirable que sea– con mayor frecuencia resulta no ser suficiente, especialmente contemplando el contexto contemporáneo y su fijación por tratar de encontrar nuevas maneras de realizar los trabajos. Desafortunadamente, uno de los ejemplos más claros de la incongruencia moderna que puede existir entre realizar grandes esfuerzos y obtener pobres resultados es el nivel de productividad laboral del sector formal mexicano.

Dicho indicador es utilizado para conocer qué tan eficiente es el capital humano de una empresa para producir una cierta cantidad de bienes y/o servicios a partir de un número limitado de recursos. Trasladado a un panorama macroeconómico, la medición de la productividad laboral refleja qué tan productivos son los ciudadanos empleados de un país –y, en consecuencia, de la nación en sí misma– tomando en consideración la duración promedio de la jornada laboral. La metodología más común para realizar dicha medición a escala nacional implica dividir el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre la cantidad promedio de horas trabajadas por los ciudadanos empleados a lo largo de un año, lo cual da como resultado el promedio del valor de los bienes y servicios producidos (estandarizado a un importe en dólares estadounidenses) por hora de trabajo, contemplando las aportaciones de trabajadores de medio tiempo y tiempo completo. 

Para entender la complicada situación actual de nuestro país en lo referente a este indicador, podemos utilizar como referencia el desempeño de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Respecto a la duración de la jornada laboral, México (miembro de dicha organización desde 1994) posee el primer lugar en cuanto a la extensión promedio más larga, debido a que un trabajador mexicano destinará alrededor de 2,148 horas al año a cumplir con sus actividades laborales. Por otro lado, la media de los integrantes de la OCDE es de tan solo 1,726 horas al año, es decir, 20% menos que la jornada laboral mexicana. En primera instancia, esta diferencia podría interpretarse como algo positivo para el país, puesto que se pudiera interpretar como un mayor nivel de compromiso hacia la ocupación profesional por parte de los trabajadores mexicanos y, en teoría, esto contribuiría a una mayor producción de bienes y servicios. Sin embargo, después de analizar el valor promedio de lo producido por los miembros de la OCDE, es desalentador percatarse de que dicha interpretación es incorrecta. Mientras que el valor promedio de lo producido por la OCDE por hora de trabajo es de 54.8 dólares, en México solo se generan 21.6 dólares –lejos de llegar siquiera a la mitad.1 Aunque los empleados mexicanos estén destinando una significativa cantidad de tiempo a sus actividades laborales, en realidad no lo hacen por un sobrellevado sentido de compromiso laboral; lo hacen como un esfuerzo colectivo inconsciente para cubrir las claras señales de una estructura laboral ineficiente. 

Existen diversos factores que han favorecido y alargado el bajo nivel de la productividad laboral del sector laboral mexicano, los cuales pueden ser agrupados en tres categorías principales: 

> Capital físico: se refiere a las herramientas utilizadas por los trabajadores de las empresas mexicanas para la producción de bienes y servicios. Mediante la inversión de capital, el sector privado adquiere equipos y/o maquinaria especializada con el objetivo de optimizar los procesos de producción y aumentar el valor total de lo producido. No obstante, es imperativo que el gobierno federal primero garantice que el país cuenta con la infraestructura necesaria para respaldar las inversiones que este sector realice. Para ello, la inversión pública en proyectos de infraestructura debe ser de alta calidad y extenderse a lo largo de diferentes sectores, incluyendo la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, redes de distribución eléctrica y agua potable, sistemas de telecomunicaciones, etc. Lamentablemente, México enfrenta considerables obstáculos en este aspecto. Por un lado, dentro del sector privado el capital físico se encuentra distribuido de manera desproporcionada, ya que 93% de este se concentran solo en 10% de las empresas mexicanas,2 por lo que los beneficios de la inversión en nuevas herramientas productivas y su utilización se limita a un número reducido de compañías. En cuanto al sector público, la infraestructura mexicana se encuentra en el lugar 49 de 140 países que integraron un estudio del Foro Económico Mundial, realizado en 2018.3 A pesar de que esta posición representa una mejora en comparación con años previos, también corrobora el gran margen de mejora que existe en la infraestructura nacional actual. 

> Capital humano: existen cualidades inherentes de aquellos que conforman la fuerza laboral mexicana que determinan en gran medida la capacidad productiva de las empresas en el país; por ejemplo, los niveles máximos de estudios, las habilidades profesionales y la experiencia laboral. Desgraciadamente, el potencial humano casi siempre se ve desaprovechado en México, pues los proyectos nacionales para fomentar el desarrollo integral académico y profesional de la población carecen de una implementación extensa y competente. En consecuencia, la tasa poblacional con un nivel educativo menor a la educación media superior en México es de 63%, un hecho bastante alarmante considerando que el promedio entre los países de la OCDE es de apenas un poco más de 20%. Además, aspectos característicos de la economía mexicana, como los altos niveles de empleo informal y la desigualdad laboral de género, actúan como fuertes inhibidores del pleno desarrollo del sector laboral formal. De hecho, 31% de las empresas en el país manifiestan que tienen dificultades para encontrar empleados con las habilidades y conocimientos que requieren, lo cual disminuye el interés del sector privado internacional por invertir en México y en su mercado laboral.

> Cambios tecnológicos: los avances en el conocimiento y la innovación son fundamentales para aumentar la productividad laboral, en especial cuando resultan en el desarrollo de nuevos sistemas y/o dispositivos tecnológicos. Los incentivos gubernamentales (como los estímulos fiscales, la razonable asignación de recursos en el presupuesto público para investigación y desarrollo, etc.) al igual que los programas y competencias organizadas por el sector privado forman parte de los mecanismos que promueven los avances en la ciencia y la tecnología. A pesar de la importancia de estos factores para la economía nacional, México no parece considerarlos como prioridades: el gobierno mexicano asigna menos de 1% del PIB al año hacia estos sectores desde el año 2018 (0.43% en promedio durante el último sexenio), mientras que países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón destinan porcentajes mayores a 2.5%.

Tomando en cuenta los factores cruciales en los que nuestro país debe mejorar para incrementar su productividad laboral, una solución razonable sería la de adoptar políticas y estrategias similares a las que los países desarrollados emplean hoy en día para alcanzar niveles sobresalientes en este indicador. Mediante reformas estructurales (primordialmente educativa y laboral) y el compromiso de implementarlas en un plazo que trascienda cualquier sexenio o agenda política, el gobierno federal puede lograr el desarrollo integral de sus trabajadores y de los sectores de la ciencia y la tecnología. Expandir los horizontes de la productividad laboral mexicana requerirá del esfuerzo coordinado entre el sector público y el privado, el cual deberá ser ejecutado bajo un contexto de mutua confianza y beneficencia. Esto se debe a que, dependiendo de que tan amplias sean las facilidades establecidas en el marco legislativo mexicano (incluyendo las reformas estructurales y los proyectos de infraestructura necesarios), será la magnitud del impacto que las empresas privadas generen en el país en lo referente a la productividad laboral.

Una vez que el sector privado tenga acceso a diferentes incentivos para invertir en innovaciones tecnológicas, adquirir herramientas avanzadas y captar personal calificado, el mercado laboral de México será percibido de manera favorable por las empresas con planes de formar parte del entorno empresarial mexicano. A consecuencia del subsecuente aumento en la inversión en nuestro país, la productividad laboral experimentará un incremento en cuanto al valor de lo producido, además de que otros problemas socioeconómicos como el desempleo y la pobreza podrían reducir sus márgenes.

Penosamente, la realidad incómoda de la corrupción en México termina empobreciendo cualquier intento del sector público por mejorar el nivel competitivo de la fuerza laboral mexicana. Si las autoridades federales verdaderamente aspiran a que la productividad laboral nacional sea destacable, es necesario establecer un régimen que contemple las medidas necesarias para corregir las deficiencias en las tres categorías señaladas como primordiales para alcanzar una alta productividad laboral, así como convencer al sector privado de que dichas mejoras se efectuarán de manera transparente y con el objetivo de garantizar el rendimiento de sus inversiones en el país. 

1 García, A.K. (2019, 10 de febrero). “México tiene una jornada laboral extensa y niveles bajos de productividad [en línea]. El Economista, Factor Capital Humano. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-significa-que-un-pais-tenga-baja-productividad-laboral-20190210-0005.html>. Consultado el 28 de junio de 2019.

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). Panorama Social de América Latina, 2016. Santiago: Naciones Unidas/CEPAL. Disponible en: <https:// repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf>. Consultado el 22 de junio de 2019.

3 World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>. Consultado el 27 de junio de 2019.

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). Getting it Right: Prioridades estratégicas para México. París: Éditions OCDE. <http://dx.doi. org/10.1787/9789264292871-es>.

5 Solís, A. (2018, 28 de noviembre). “EPN no llegó a su meta de inversión en ciencia, tecnología e innovación”. Forbes México. Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/ pena-nieto-incumple-promesa-de-inversion-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/>. Consultado el 25 de junio de 2019.

Referencias

OpenStax (2019). Principles of Economics. Disponible en: <http://cnx.org/contents/ bc498e1f-efe9-43a0-8dea-d3569ad09a82@7.1.>. Consultado el 7 de junio de 2019.