04-12-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social sea el que determine anualmente el importe de las cuotas del Seguro de Salud para la Familia, previa realización de estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.
La reforma al artículo 242 de la Ley del Seguro Social, aprobada con 352 votos a favor, 5 abstenciones y 73 votos en contra, se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El documento refiere que dicho seguro tiene un déficit de financiamiento que de acuerdo con el IMSS era de 4 mil 520 millones de pesos en 2011.
Subraya que dejar en manos del Consejo Técnico del IMSS la determinación de las cuotas, permitiría disminuir gradualmente el déficit actual de dicho seguro y sería una solución viable.
Al fundamentar el dictamen, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (PAN) explicó que el Seguro de Salud para la Familia no es una prestación social que proporcione el Estado, sino es una especie de contratación de un seguro médico de carácter privado entre el Seguro Social y un particular.
Refirió que actualmente este seguro es deficitario, ya que las primas actuales están muy por debajo del costo que representa la prestación de los servicios que cubre y la Ley del Seguro Social vigente no establece un mecanismo que permita ajustar las cuotas en congruencia con la dinámica de la demanda de la población en el servicio de atención médica.
La legisladora recalcó que es necesario dotar al IMSS de un mecanismo ágil que ajuste el monto de las primas del Seguro de Salud para la Familia, que les permitan hacer las adecuaciones pertinentes con toda oportunidad a fin de evitar que se agudice el desequilibrio financiero.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) subrayó que con la reforma se busca un equilibrio entre la necesidad de tener un seguro de salud de miles de familias y preservar la estabilidad financiera en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ramo del Seguro de Salud para la Familia.
Consideró que es preciso establecer medidas para que el IMSS siga ofreciendo el seguro de salud para las familias que no están afiliadas porque representa una oportunidad para las personas que tienen la iniciativa de invertir parte de sus ingresos en el cuidado de la salud familiar. Asimismo, dar seguimiento a que el servicio de salud a las familias que pagan este seguro sea de calidad.
En su turno, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) se pronunció en contra, al considerar que no se establecen medidas adecuadas de transparencia en la determinación de los pagos y cálculos para generar el tabulador del cobro anual del seguro.
“Sospechamos que los precios se fijarán a partir del mercado y no a partir del poder adquisitivo de la población, rompiendo con ello el sentido de solidaridad social”, agregó.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) subrayó que con la reforma se eliminará la facultad que tiene el Legislativo para fijar las cuotas y dejará en manos del Consejo Técnico del IMSS la posibilidad de calcular e imponer el importe de tales cuotas a su arbitrio.
Por ello, se manifestó en contra de la reforma, ya que “resulta absurdo que sea la propia institución la que fije el monto de esa cuota, cuando sabemos por su propia confesión que es su intención ir desmantelando el seguro voluntario al que hoy nos referimos”.
Por su parte, el legislador David Pérez Tejada Padilla (PVEM) dijo que este cambio representa una trascendente contribución para que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenga la capacidad para ampliar la cobertura a millones de personas que no tienen una relación obrero-patronal que les permita asegurar a sus familias.
Esta medida, añadió, ofrecerá mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de nuestra población y del propio IMSS, lo que permitirá abrir una mayor gama de posibilidades para que más mexicanos puedan incorporarse de manera voluntaria al Seguro Social, sin que esto nos implique un quebranto importante en el futuro.
Del PRD, el diputado Antonio Sansores Sastré se pronunció en contra de la reforma porque “es completamente negativa para los que no tienen mayor oferta de servicios en materia de salud que el decálogo que brinda el 77 por ciento en este país, el Seguro Popular, que es completamente impopular”.
Indicó que su grupo parlamentario, “no estamos a favor de esta reforma, estamos a favor de que se cubra el déficit de esta reforma, de este seguro voluntario de la familia para que podamos tener más acceso a la salud que es algo de lo que estamos adoleciendo permanentemente en todo el país”.
El diputado Víctor Rafael González Manríquez (PAN) señaló que en noviembre de 2011 la base de asegurados de esta modalidad de seguridad social, era de 485 mil 490 personas y estaba financiado por las cuotas de los beneficiarios y las aportaciones del Estado, siendo la cuota de los beneficiarios de cuatro mil 30 pesos con 40 centavos, cuando la cuota de equilibrio debiera ser de 16 mil 761 pesos con 50 centavos.
Reconoció que la situación financiera de las instituciones de seguridad social del Estado mexicano es precaria y que los recursos asignados a este rubro siempre son insuficientes. Por ello, dijo, es necesario que las aportaciones sean acordes a la realidad, “pero en Acción Nacional estamos convencidos de que deben ser fundamentales, justas”.
En tanto, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (PRI) resaltó que el poder brindar atención médica y de calidad a los millones de personas que se inscribieron al seguro de salud para la familia requiere de una gran cantidad de recursos los cuales, de acuerdo al IMSS, no están siendo recaudados, lo que ha generado que exista un déficit en la economía de dicho instituto y complica llevar a cabo esta labor de manera adecuada.
Por ello, consideró acertadas las reformas, ya que al establecer que el consejo técnico sea el encargado de establecer anualmente el importe de las cuotas, se permitirá que el IMSS disminuya gradualmente el déficit con el que actualmente cuenta, lo que se traducirá en una mejor infraestructura que permita brindar una atención médica de calidad.
Durante la discusión, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (MC) se pronunció en contra “porque no podemos dejar una facultad, que le corresponde al Congreso, al Seguro Social”. Consideró que lo que corresponde sería tener una cuota fija y si es una persona que no tiene trabajo que esta sea menor para poder otorgarle seguridad social a todos.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) comentó que actualmente se paga una cuota anual fija y lo que se pretende es que esta varíe en función de la edad de los miembros de las familias, “de tal manera que en la práctica se le convierta a una familia de muy escasos recursos en algo imposible”.
Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) indicó que esta reforma es un desacierto “porque va a dejar una decisión de este tamaño en una burocracia dorada del Seguro Social que no tiene la sensibilidad para interpretar a la luz de la problemática laboral del país, la necesidad de un seguro de estas características”.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) enfatizó que “es muy grave esta modificación porque a través de esta disposición normativa se incorpora la gente más pobre, mucha de ella campesinos, migrantes y desempleados. Se acogen a esta disposición porque les resulta económico incorporarse al Seguro Social”. Aseguró que después de esta disposición se incrementará la cuota del régimen voluntario y va a ser funesto”.
Por último, el diputado Salvador Romero Valencia (PRI) se manifestó a favor de la modificación y precisó que con la reforma no se dejará de tomar en cuenta a aquellos sujetos que voluntariamente ya se encontraban incorporados al seguro de salud para la familia, y “que sin perjuicio alguno seguirán pagando las cuotas ya establecidas y previstas en la norma vigente”.
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