La Reforma Hacendaria, que fue  avalada por la Cámara de Diputados el pasado
24 de octubre, fue turnada al Senado de la República para ser analizada y
discutida por dicho órgano legislativo.

Así, el pasado 31 de octubre, el Senado concluyó su
análisis, y al realizar algunas modificaciones aprobó  la propuesta de Reforma Hacendaria. De esta
forma, al concluir el proceso legislativo, el Congreso de la Unión ha
construido una Reforma Hacendaria responsable, que fomenta el crecimiento
económico y es más justa y progresiva. La Reforma comprende una serie de
modificaciones a diversas Leyes y Ordenamientos.

En el Código Fiscal de la Federación (CFF),
cuyo objetivo es simplificar el pago de impuestos, captar a nuevos
contribuyentes y asegurar la plena integración de éstos al ciclo tributario, se
contempla que:

ü  La
autoridad fiscal pueda publicar en su página de Internet el nombre,
denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyente, a
fin de dar a conocer a aquellos que se consideren “riesgosos” para celebrar
actos mercantiles o de comercio porque no cumplen con sus obligaciones
fiscales.

ü  Exista
la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para
aquellas personas físicas o morales que hayan abierto una cuenta a su nombre en
las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

ü  Las
tarjetas de crédito y de débito sean un medio adicional de pago de las
contribuciones, con el objetivo de disminuir el uso del efectivo.

En la Reforma a la Ley Aduanera, se establece que el
despacho de mercancías en las fronteras podrían hacerlo las propias empresas,
sin que sean obligados a recurrir a los agentes aduanales, con lo cual se
agilizará y favorecerá el comercio internacional; además de que se ratificó que
los trámites aduanales puedan realizarse en lugares diferentes a los
autorizados, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el SAT. 

A la Ley
de Coordinación Fiscal, Ley de Contabilidad Gubernamental y a la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se les realizaron
modificaciones para fomentar la transparencia, con las cuales se busca mejorar
diversos aspectos en materia de federalismo hacendario, a través del
fortalecimiento de la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno;
racionalizar el uso de los recursos del gasto corriente -destinando los ahorros
generados a fortalecer los programas prioritarios de la Administración Pública
Federal-; robustecer los incentivos recaudatorios de las entidades federativas
y municipios, que se otorgan mediante los Fondos de Participaciones Federales;
mejorar el ejercicio, la distribución y transparencia de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales y fortalecer la rendición de cuentas.

En esta línea, los cambios aprobados por el Senado (y
posteriormente avalados por la Cámara Baja) a la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF) fortalecen la transparencia en el ejercicio del gasto de estados y
municipios, ya que:

ü  Se
modifica el artículo 1º de la LCF, a fin de establecer que la información
financiera que generen las entidades federativas y los municipios se regirá por
los principios de transparencia y en los términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

ü  Se
cambia el artículo 6 de la misma ley para que las participaciones federales que
recibirán los municipios del Fondo General de Participaciones se publiquen en
sus medios oficiales.

ü  Se  modifica el artículo 9, a fin de que el
registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios a cargo de la
SHCP sea público.

ü  Se
cambian los artículos 33 y 44 de la misma ley, con el objetivo de que los
estados y municipios hagan del conocimiento de sus habitantes, al menos a
través de la página oficial de Internet, los montos que reciban de los fondos
de Aportaciones para la Infraestructura Social y de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

ü  Se
explica que con el Fondo de Fomento se dará un incentivo para la administración
del predial de manera coordinada entre estados y municipios, el cual comenzará
a partir de 2015.

ü  También
se actualizan los destinos de los fondos de aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN) y para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de mejorar
su aplicación.

ü  Avala
que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
sustituya al de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), a fin de
que “la Federación logre

un adecuado control administrativo y operativo de la
nómina de los maestros descentralizados”.

ü  Además,
establece que durante 2014 se realizará la conciliación de la nómina
magisterial entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades
federativas, a efecto de “otorgar mayor transparencia y orden en el ejercicio del
gasto”.

ü  Se
modificó el artículo 26-A de la LCF, a efecto de que la SEP presente, a través
de Internet, la información referente al Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos.

De igual manera, el Pleno del Senado avaló reformas a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de que sea la
Tesorería de la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública,
quien realice directamente los pagos al personal educativo a partir de 2015.

Asimismo, se modifica el artículo 73 de la Ley de General
de Contabilidad Gubernamental, donde se exige a los estados transparentar la
información relativa al número de plazas docentes y publicarla en el portal de
la SEP.

Por su parte, las modificaciones aprobadas por el Senado a la
Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH) enfatizan
medidas de austeridad para los tres Poderes de la Unión y los órganos autónomos
al:

ü  Establecer
que el gasto corriente estructural del Gobierno Federal deberá crecer sólo 2%
para 2015 y 2016 y contemplar una cláusula de excepción que permite solicitar o
ejercer un gasto corriente mayor, siempre y cuando se acompañe de la debida
justificación.

ü  Instituir,
además, una meta de disminución del gasto del 5% en sueldos de mandos medios y superiores
y del 5% del gasto de operación corriente estructural para 2014, entre otros.

ü  Proponer
también un programa de austeridad para los poderes Legislativo y Judicial
también del orden del 5%.

ü  Plantear,
además, que la SHCP, mediante firma de un convenio con entidades federativas y
la Auditoría Superior de la Federación, fortalezca la coordinación para evaluar
el correcto uso de recursos públicos. Ello, a través de la mejora de la
evaluación del gasto, promoción de mecanismos de participación ciudadana y
publicación de la información correspondiente, y con la obligación de la
Secretaría de Hacienda deberá informar al Congreso de la Unión y congresos
estatales sobre el avance de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

ü  Establecer
que  las dependencias y entidades deberán
considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño y sus
resultados se incorporarán en la cuenta pública, en la que se explicarán las
causas de sus variaciones y correspondiente efecto económico.

ü  Incluir
un anexo transversal para desglosar dentro del 
presupuesto políticas públicas de atención a niños y adolescentes, con
énfasis a los programas de salud.

ü  Simplificar
el cálculo para el ahorro y uso de ingresos excedentes con la creación de un
fondo soberano de largo plazo sin afectar la actual distribución de excedentes
entre el Gobierno Federal y las entidades federativas.

A las leyes del IVA, del Impuestos Sobre la Renta (ISR),
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Federal de
Derechos se les realizaron modificaciones adicionales a las propuestas por la
Cámara de Diputados (ver informe del pasado 20 de octubre) y que
posteriormente también aprobó:

ü  Se
modificó el artículo 25 de la Ley del ISR, con el objetivo de permitir
deducciones de hasta 53% de las prestaciones que los contribuyentes otorgan a
sus trabajadores, a efecto de reducir la carga fiscal de las empresas y en
consecuencia garantizar con ello una menor pérdida de prestaciones para la
clase trabajadora. 

ü  Se
redujo del 31% al 30% el cobro del ISR para personas físicas con ingresos de
entre 500 mil y 750 mil pesos anuales, para garantizar que la clase media no se
vea afectada.

ü  Se
estableció que  el fondo solidario de
desempleo sea fondeado en su totalidad por el gobierno, para no afectar los
ahorros de los trabajadores.

ü  Se
aprobó gravar con 10% las ganancias obtenidas por la compra-venta de acciones
en la Bolsa Mexicana de Valores.

ü  Se
eliminó el Régimen de Pequeños Contribuyentes y se sustituye por el Régimen de
Incorporación.

ü  Se
avala incrementar las deducciones personales a 96 mil pesos, sin considerar a
las colegiaturas y las donaciones, las cuales serán deducibles al 100%.

ü  Se
elevó de 5% a 8% el IEPS a la venta de alimentos que contengan una alta
densidad calórica y se mantuvo en un peso por litro el gravamen especial a los
refrescos y bebidas saborizadas, cuyos recursos quedaron etiquetados a
programas de salud pública (bebederos en las escuelas, activación física,
tratamiento de la obesidad, etc).

ü  Se
aprobó una tasa de 16% de IVA al transporte foráneo, a la venta de mascotas y
su alimento,  así como al comercio de
bienes y servicios en las zonas fronterizas.

ü  También
se aprobó no gravar con IVA colegiaturas, espectáculos, ni la renta y venta de
viviendas.

ü  Se
reformó el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, a efecto de que el 80%
del gravamen que se cobre al sector minero se destine al Fondo para el
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. De este monto,
62.5% se destinará a municipios y demarcaciones del Distrito Federal, en los
que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias y minerales; mientras
que el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente. 

ü  Se
aprobó la adición de un artículo transitorio a la Ley Federal de Derechos, a
fin de que en un plazo de 60 días el Ejecutivo Federal, en coordinación con el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL),  proponga al Congreso el monto del cobro de
derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de las bandas de 700 y
2.5 Megahertz. Además, se acordó que el Congreso de la Unión disponga de un
plazo de 120 días para que apruebe la propuesta presentada por el Ejecutivo y
el IFETEL. 

ü  Se
avaló  eliminar la Ley del Impuesto
Empresarial a Tasa Única y la de los Depósitos en Efectivo.

Cabe destacar que la Reforma Fiscal aprobada por el
Congreso no grava con IVA a alimentos y
medicinas, tal como lo propuso el Ejecutivo Federal. 

En síntesis, con las reformas aprobadas a la LCF, la Ley de
contabilidad Gubernamental y la LFPRH se avanza en el compromiso que tiene el
Gobierno de la República de ejercer el gasto cumpliendo con los principios de
eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia, para apoyar el
crecimiento de México y beneficiar a las familias mexicanas, cumpliendo los
deberes establecidos en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 20132018). 

Además, con la aprobación a la Reforma Fiscal se espera
generar los recursos necesarios para financiar la provisión de servicios de
protección social, así como avanzar en la construcción de un sistema fiscal más
justo y más simple.

Así, la Ley de Ingresos para 2014, aprobada
en tiempo y forma, estima ingresos públicos por 4,467.2 mil millones de pesos (mmp). 

Asimismo, se avaló un precio de referencia de la mezcla
mexicana de petróleo de 85 dólares por barril, un tipo de cambio de 12.9 pesos
por dólar, un pronóstico de crecimiento real del PIB de 3.9%, mientras que se
estableció un techo de deuda interna de 570 mil millones de pesos y de deuda externa
de 10 mil millones de dólares.

De esta forma, el Gobierno de la República está aprovechando
la estabilidad macroeconómica de México para iniciar una nueva etapa de
crecimiento económico sostenible, a través del impulso de una amplia agenda de
reformas transformadoras. Esta agenda ha sido posible gracias a la cooperación
entre los principales partidos políticos de nuestro país y el Ejecutivo
Federal.

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El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y Federal de Derechos, que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y abroga la del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la de los Depósitos en Efectivo.

La asamblea, con la ausencia de la fracción parlamentaria del PAN, modificó 14 artículos a las leyes del IEPS, Federal de Derechos y del ISR que forman parte de la miscelánea fiscal, por lo que devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados.

A propuesta del senador perredista Zoé Robledo Aburto se cambió el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de permitir deducciones de hasta 53 por ciento de las prestaciones que los contribuyentes otorgan a sus trabajadores.

A propuesta de la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, el Pleno modificó el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con la finalidad de gravar con 8 por ciento la venta de alimentos que contengan una alta densidad calórica como las frituras, confitería, dulces, alimentos preparados a base de cereales, entre otros.

De esta manera, con 71 votos a favor y 2 en contra, los senadores desecharon el planteamiento de la Cámara de Diputados para que este gravamen fuera del 5 por ciento, ya que sólo se recaudaría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, lo que no es suficiente.

Posteriormente, el Pleno avaló una reforma al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, propuesta por los senadores del PRD, Armando Ríos Piter y Adolfo Romero Lainas, a efecto de que el 80 por ciento del gravamen que se cobre al sector minero se destine al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

De ese monto, 62.5 por ciento se destinará a municipios y demarcaciones del Distrito Federal, en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias y minerales; mientras que 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, se estableció que las entidades federativas publicarán trimestralmente, a través de su página oficial de Internet, la información relativa a los montos que reciban de dicho Fondo, además deberán explicar el ejercicio y destino de esos recursos e informar a la Secretaría de Hacienda de ello.

Por otro lado, se validaron las reservas del senador perredista Benjamín Robles Montoya para modificar las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152, con la finalidad de reducir a 30 por ciento la tasa marginal máxima para los ingresos entre 500 mil y 750 mil pesos anuales y garantizar que la clase media, “aquella que es fruto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, no se vea afectada”.

Con estas medidas, que se ratificó con 72 votos, el Estado dejaría de recaudar alrededor de mil millones de pesos, pero “significaría un acto de elemental justicia para millones de familias”, dijo.

Más adelante, se aprobó por unanimidad la adición de un artículo transitorio a la Ley Federal de Derechos, planteado por el senador Sofío Ramírez Hernández, a fin de que en un plazo de 60 días el Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, proponga al Congreso el monto del cobro de derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de las bandas de 700 y 2.5 Megahertz.

Lo anterior, una vez que se defina el modelo y uso de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico; además, se acordó que el Congreso de la Unión disponga de un plazo de 120 días para que apruebe la propuesta presentada por el Ejecutivo y el IFETEL.

El legislador perredista explicó que la colegisladora aprobó una modificación a esta Ley para excluir el cobro de derechos por el uso y explotación de las banda 700 y 2.5 Megahertz, en tanto no se cuente con los detalles de su operación.

Por ello, dijo, la adición permitirá el pago de derechos por la explotación de ese bien público y establece un plazo definido para que el Legislativo apruebe las contribuciones correspondientes.

También se modificó el artículo 111 de la Ley del ISR para establecer un plazo de 10 años en la reducción de este impuesto que se pagará en el nuevo Régimen de Incorporación.

En este sentido, se incluyó en el artículo noveno transitorio que el Ejecutivo Federal expida, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, reglas de carácter general en las que se establezcan incentivos económicos para facilitar la incorporación de contribuyentes a ese régimen.

También se aprobó una reforma del senador del PRI, José Ascención Orihuela Bárcenas al artículo 74, la cual busca que los contribuyentes deduzcan como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.

Tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen a las actividades agricultoras, ganaderas o pesqueras, constituidas con socios o asociaciones físicas, en las que cada uno tenga ingresos 20 veces por encima del salario mínimo y que elevado al año sean 423 veces, por el excedente se pagará un impuesto que será reducido 30 por ciento.

Asimismo, se aprobó una propuesta del senador priista Orihuela Bárcenas para modificar el artículo 75, con el propósito de que las personas físicas que se ubiquen en los supuestos señalados en los párrafos XII y XIV del artículo anterior tengan la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

Los senadores modificaron, con 70 votos, el artículo 14, a fin de que los contribuyentes efectúen pagos provisionales mensuales, con base en el cálculo del coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 por el que se presentó declaración. Para este efecto, agregaron, “la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio”.

A propuesta del senador Isidro Pedraza Chávez, la asamblea modificó, con 69 votos a favor y uno en contra, la fracción XX del artículo 3 de la Ley del IEPS para definir como azúcares, “a los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, siempre que en este último caso se utilicen como edulcorantes con aporte calórico”.

De esta manera, dijo el legislador perredista, se cierran las puertas a la evasión y a la elaboración de alimentos que generan daños a la salud.

Además, se rechazó una adición al artículo 9 de la Ley del ISR planteada por el senador perredista Luis Sánchez Jiménez, a fin de crear un impuesto de control del 5 por ciento a los ingresos brutos de las 511 grandes empresas que anualmente generan 5 billones de pesos y que actualmente sólo pagan al fisco 1.7 de dichos ingresos.

El Pleno tampoco aceptó las propuestas de senadores del PAN, PRD y Nueva Alianza para modificar los artículos 2-A, 2-C, 5, 9, 15, 24, 25, 28, 28-A, 29, 30, 268, 270 y Segundo Transitorio de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y, con 62 votos a favor y 12 en contra, aprobó estás disipaciones en los términos del dictamen.

En tanto, los senadores no avalaron la reserva del senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo para exentar a la Cooperativa Pascual del IEPS de un peso por litro a las bebidas azucaradas.

El legislador advirtió que imponer ese gravamen sin distinguir el grado de contenido de azúcar, pulpa, fruta o jugo, impactaría a la Cooperativa Pascual con más de 400 millones de pesos al año, provocaría una caída drástica de sus ventas y hará insostenible su permanencia.

El Pleno desechó las propuestas de senadores del PAN, PRD y Nueva Alianza para modificar los artículos 2-A, 2-C, 5, 9, 15, 24, 25, 28, 28-A, 29, 30, 268, 270 y Segundo Transitorio de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y, con 62 votos a favor y 12 en contra, aprobó estas disposiciones en los términos del dictamen.

Con el respaldo de 60 senadores y 12 en contra, se validaron en los términos del dictamen, los artículos 2, 9, 27, 29, 33, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 88, 93, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 135, 146, 151, 181, 182, 183, 186, 194, 195 y 196 de la Ley del ISR, que reservaron diversos legisladores.

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