La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad reformas para establecer en la Carta Magna la Pensión Universal para Adultos Mayores y el Seguro de Desempleo para trabajadores formales; es una deuda que se tenía con la sociedad.
Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), explicó que las reformas que modifican los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política permiten que los estados y el Distrito Federal continúen sus programas sociales y de apoyo a adultos mayores, sin perjuicio de que se otorgue la Pensión Universal.
Los adultos mayores constituyen una parte de la población generadora de desarrollo social, económico y político del país, por lo que es imperativo que desde el Legislativo se lleven a cabo las reformas que permitan garantizar que envejezcan con seguridad y dignidad, declaró.
Respecto del Seguro de Desempleo, dijo que no sólo es un programa destinado a reducir los efectos de la falta de empleo, sino un derecho elevado a rango constitucional; por ello, se adicionó la fracción XXIX, del apartado A del artículo 123, para efectos de que su regulación esté incluida en la Ley del Seguro Social.
En este sentido, la comisión consideró que no debe expedirse una ley que establezca un seguro de desempleo para los trabajadores, tal y como lo propone el Ejecutivo en su iniciativa, sino que éste sea administrado y ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Acordó suprimir el concepto cesación involuntaria del trabajo de la porción normativa contenida en la fracción XXIX, apartado A, del artículo 123 de la Ley Fundamental, en los términos propuestos por el Ejecutivo federal. La comisión estimó sustituirlo por el término cesantía de edad avanzada. Ello, en razón de que existe mayor seguridad jurídica en dicha locución.
El documento señala que se garantizará a los trabajadores del sector formal que se encuentren en situación de desempleo, un mecanismo que evite el detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita reinsertarse al mercado laboral de la manera más pronta posible.
Respecto de la Pensión Universal, se reconoce la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos de las personas adultas mayores, velar porque vivan con dignidad y seguridad, y que reciban servicios de salud; de esta manera, promoverá su integración social y participación en actividades económicas, políticas, educativas y culturales.
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