La Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informe los montos de las condonaciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), en cada uno de los estados del país y el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013.
A través de una proposición de urgente resolución, y aprobada en votación económica, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al mismo tiempo, iniciar las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del ISR correspondientes al 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos, y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
El documento precisa que la deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan, y se elevaba, solo la de mediano y largo plazo, a 434 mil millones de pesos, a finales de 2012, según información de la SHCP.
Resalta que el dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el gobierno federal que no son públicos, pero se estima, según fuentes gubernamentales, en 13 mil millones de pesos.
Sólo en el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios creció 27 mil 996 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434 mil 761 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer la SHCP.
Además, el endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983 millones de pesos, contra los 390 mil 777 millones registrados a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN), proponente del punto de acuerdo, expresó que algunos gobiernos se escudan en el beneficio de la condonación para discrecionalmente contribuir y distribuir estos recursos con fines que la opinión pública desconoce, con lo que se genera un daño colateral para los contribuyentes que no reciben respuesta en obra pública y social.
De ahí, afirmó, la necesidad de que se revise a fondo la aplicación de este recurso y, en caso de que exista daño a la hacienda pública o malversación de fondos, se sancione a los presuntos responsables.
Un México justo y equitativo se construye respetando la ley para beneficio de la ciudadanía, con transparencia, con rendición de cuentas, igualdad fiscal para los contribuyentes en responsabilidades y beneficios; evitemos resarcir adeudos de gobernantes irresponsables, añadió.
Al respecto, el diputado José Luis Valle Magaña (Movimiento Ciudadano) expresó que es inaceptable seguir utilizando la condonación fiscal como una práctica cotidiana, pues mientras los ciudadanos pagan el ISR de manera puntual y sin posibilidad de exenciones, encontramos beneficios fiscales tanto para estados y municipios como para las grandes corporaciones.
Refirió que de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar en la suma de recaudaciones fiscales como proporción del Producto Interno Bruto con 19 por ciento, mientras Estados Unidos obtiene el 25.5 por ciento; Turquía el 31.3 por ciento, y el promedio en otras naciones es del 36 por ciento.
El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) destacó que la información que proporcione la Secretaría de Hacienda servirá para evaluar si haber otorgado este apoyo fue positivo para los gobiernos locales, pero sobre todo que no se haya prestado a excesos, ya que sería muy preocupante que de la información que se entregue se informe que fueron utilizados para gasto corriente y de carácter superfluo.
Manifestó que durante los primeros seis meses de 2013, la recaudación tributaria se ha comportado por debajo de las estimaciones y el desempeño de la economía genera severas dudas sobre una posible recuperación durante los siguientes meses y mucho menos en 2014, por lo que se debe ser muy cuidadoso con las disposiciones que deban incorporarse en materia de estímulos fiscales.
Por el PRD, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro precisó que la condonación constituye un rescate financiero a estados y municipios, y que la deuda total de éstos ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, y si bien representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, no todos ellos están endeudados.
Sostuvo que la condonación fiscal no es el camino ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades, para garantizar el financiamiento al Estado mexicano, y violenta la equidad de las personas en el país. Se está generando un premio a la evasión y a la elusión fiscal mostrando a los contribuyentes cumplidos que no tiene ningún sentido ser responsables.
A su vez, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) mencionó que la condonación es inequitativa respecto a aquellas personas que tributan y generan empleos. Estamos seguros que lo que se necesita es trabajo y que cada quien asuma las responsabilidades que debe tener.
Contribuir, resaltó, es una de las principales responsabilidades de los individuos, por lo que estados y los municipios deben pagar el ISR. Llamó a la Federación y las entidades a que también solventen los impuestos prediales a los municipios.
El diputado Glafiro Salinas Mendiola (PAN) resaltó que con la condonación, tanto estados como municipios han podido quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores; sin embargo, este acto de buena fe no ha sido correspondido con la mayor transparencia y eficiencia en el gasto de los recursos.
Afirmó que no se puede permitir que estos actos de buena fe en materia presupuestal tengan como respuesta inmediata el desvío de estos recursos a campañas políticas, o a los bolsillos de funcionarios públicos corruptos, y no la inversión a favor de la población.
Del PRI, el diputado Francisco Alberto Zepeda González señaló que la ciudadanía debe conocer los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada uno de los estados del país, en el Distrito Federal, en sus delegaciones y en los municipios, ya que la transparencia es una condición fundamental en un Estado democrático.
Puntualizó que es oportuno verificar y garantizar que los recursos condonados en 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de servidores públicos. La rendición de cuentas, la transparencia, la legalidad son asuntos de alta prioridad en la agenda nacional.
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