Uno de los momentos en que los contribuyentes se encuentran más vulnerables es cuando son fiscalizados o revisados. Actualmente las auditorías pueden durar desde 12 hasta 18 meses, en algunos casos, y todavía concluidas el fisco cuenta con un plazo más de seis meses, para comunicar el adeudo. Las formas para autocorregirse hoy son acotadas, pues el pagador de impuestos tiene que esperar hasta que concluya la revisión.
Otro punto gravoso es que hoy no se prevé una comunicación directa entre autoridades y sujetos revisados, lo que dificulta consensos sobre hechos auditados.
Con las nuevas reglas que se proponen en la reforma, se incorpora una ágil y moderna revisión electrónica sobre temas o rubros específicos. El SAT dará a conocer una preliquidación de adeudos al contribuyente y en un procedimiento sumario de 15 días para garantía de audiencia y 40 para emitir el adeudo definitivo, se concluye la fiscalización.
Además se establece que en todo caso, las autoridades estarán obligadas a contactar directamente al contribuyente, su representante legal o a los órganos de dirección de las sociedades para darles a conocer el curso de la auditoría.
El contribuyente auditado podrá autocorregirse en cualquier momento y proponer además su propio proyecto de pago en parcialidades, fijando fechas y montos.
Finalmente, en cualquier momento de la revisión, el pagador de impuestos podrá acudir a Prodecon para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, mediante una propuesta que la Procuraduría notificará al SAT. En caso de darse el acuerdo,
el contribuyente podrá corregirse y obtener hasta el 100% de reducción de las multas.
Tal como lo ha recomendado la OCDE, en México, con la propuesta de reforma se está transformando el procedimiento de auditoría, haciéndolo más ágil y permitiendo una conclusión aceptable para ambas partes, lo que redundará no sólo en beneficio de los pagadores de impuestos, sino que permitirá una recuperación más oportuna de las contribuciones que efectivamente se adeuden.
Prodecon recordó que ha insistido en la importancia de construir una nueva relación más transparente y ágil entre fisco y pagadores de impuestos, a lo que claramente apunta la iniciativa del Ejecutivo en ese tema.
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