La Comisión de Economía emitió su opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA); de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Código Fiscal de la Federación que presentó el Ejecutivo el pasado 18 de septiembre.
Respecto a la eliminación del tratamiento a la región fronteriza, los diputados consideraron que las razones del Ejecutivo no pueden ignorar el impacto, que tendrá en el corto y mediano plazo en la región fronteriza la eliminación de la tasa preferencial. Por ello, recomienda que se estudien mecanismos de compensación en inversión y gasto público adicional para áreas del país.
Sobre la eliminación de la exención a la compra, renta y pagos de hipoteca de casa habitación, la Comisión recomienda que se evite su aprobación porque tendrían un grave impacto en la creación del patrimonio de la mayoría de las familias mexicanas.
Acerca de la eliminación de la exención a los servicios de enseñanza, los diputados de la Comisión de Economía se pronunciaron de manera rotunda por no aplicar ninguna tasa impositiva a las colegiaturas.
Al respecto, los legisladores aprobaron que en la reunión de Comisiones Unidas de Economía con Hacienda y Crédito Público se presente la propuesta del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano), la cual permitiría a las instituciones de educación privada deducir al 5 por ciento al Impuesto Sobre la Renta (ISR) el pago de becas que realiza.
Respecto a la propuesta de gravar las importaciones temporales IMMEX, depósito fiscal automotriz, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico, los diputados consideraron que deben evaluarse esquemas de certificación de empresas que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Economía, para evitarle a las empresas serias entrar en este procedimiento de pagar al ingreso de sus mercancías con el costo financiero correspondiente, y agregar el costo administrativo de solicitar la devolución.
“Por otra parte, las empresas que no pueden ser avaladas o certificadas por la autoridad para este tipo de exención, podrían recurrir a otros esquemas que les bajen el costo financiero y que las autoridades hagan más eficiente su proceso de devolución”, destaca el dictamen.
En torno a eliminar la exención en la enajenación de bienes entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a empresas maquiladoras, la Comisión expresa su punto de vista.
Señala que debe realizarse un análisis sobre las implicaciones de costos que tendrá en las operaciones de la industria maquiladora el IVA que traslade el residente en el extranjero, ya sea a otro residente en el extranjero o a una persona que cuente con un programa IMMEX, o que cuente con alguno de los programas de los que se ha hecho mención cuando se lleve a cabo la enajenación de las mercancías.
También, los diputados piden que se realice un análisis cuidadoso y detallado sobre la propuesta de gravar con IEPS, de un peso por litro a las bebidas saborizadas, es decir, los refrescos, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores.
Del impuesto a la enajenación e importación de los combustibles fósiles y los plaguicidas, la Comisión estima que los impuestos “verde” por su fin extra fiscal son un tema que debe ser analizado con detalle a efecto de conocer las implicaciones económicas que su aprobación tendría, y poder determinar, de esta forma, si la medida generaría impactos negativos.
Respecto a las reformas al Código Fiscal de la Federación, los diputados de la Comisión de Economía detectaron cinco puntos que podrían vulnerar la seguridad jurídica dado que implican facultades ampliamente discrecionales para las autoridades: cláusula anti-elusión; obligación solidaria de socios y accionistas; responsabilidad penal de administradores; responsabilidad penal de personas morales, y responsabilidad penal de contadores, abogados y agentes aduaneros.
Por lo anterior, en los cinco puntos anteriores la Comisión señala que debe valorarse si con las normas vigentes se puede evitar en el ámbito fiscal la conducta de fraude a la ley y revisarse a detalle para evitar una aplicación indebida o excesiva.
“Esta dictaminadora considera que debe revisarse esta propuesta a efecto de que no contengan imprecisiones que provoquen inseguridad jurídica”, indica el documento.
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