Select Page

SHCP anuncia 5 puntos de acuerdo para avanzar en la aprobación del paquete económico 2014.

Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Distrito Federal y los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para impulsar, con base en el diálogo y la formación de consensos, cinco puntos sustantivos en la aprobación del Paquete Económico para 2014. 

Acompañado por el Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo; el Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el Jefe de Gobierno del D.F., Miguel Ángel Mancera Espinosa, el Secretario Luis Videgaray celebró el avance de acuerdos para que continúe el dictamen, análisis y aprobación de la Reforma Hacendaria, la Ley de Ingresos y, posteriormente, el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
El acuerdo alcanzado comprende: 
1. La Pensión Universal propuesta por el Presidente de la República como parte esencial de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social no afectará los programas de las entidades federativas, incluyendo el programa de adultos mayores que tiene en práctica el Gobierno del D.F. 
2. Los espectáculos públicos, incluyendo los deportivos y las corridas taurinas, no serán gravados con el Impuesto al Valor Agregado, como proponía la iniciativa del Ejecutivo. 
3. Se establecerá en la Ley de Coordinación Fiscal un Fondo Compensatorio para las 32 Entidades Federativas, que les permita subsanar el faltante que se ocasionará al crearse el Régimen de Incorporación que sustituirá el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 
4. En respuesta a un reclamo histórico del gobierno capitalino, se incluirá a la Ciudad de México en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33, previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
5. Se creará en el Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo especial que reconozca en la Ciudad de México su carácter específico de ciudad capital, cuya denominación, reglas de operación y monto serán determinados por la Cámara de Diputados. 
El Secretario Videgaray Caso hizo un amplio reconocimiento a los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD, así como a los legisladores de ambos partidos por el acuerdo alcanzado, y destacó también el papel del Partido Verde Ecologista de México en el impulso que dio para no gravar con IVA los espectáculos públicos. 
Por su parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal calificó como fundamentales los cinco puntos anunciados que, dijo, son de gran importancia y alivio para las finanzas de la Ciudad de México. 
Miguel Ángel Mancera expresó su reconocimiento al trabajo del Gobierno de la República, a través del Secretario de Hacienda. Así como al respaldo de los grupos parlamentarios presentes para la atención de las consideraciones que se estimaron procedentes sobre la capital del país.

 

Ya somos: 

REDcontableMXSUSCRÍBETE GRATIS 
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:

Consulta más opciones para mantenerte informado al instante aquí

Aprueban diputados, en lo general y en lo particular, reformas al CFF y se turna al Senado

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, en el marco de la discusión de la reforma hacendaria y la Ley de Ingresos de 2014.

En lo general se aprobó con 407 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones, y en lo particular se discutieron 13 reservas, pero sólo se avaló una que introdujo el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM), que adiciona una fracción décima al artículo segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación.


En lo particular se aprobó con 357 votos a favor, 94 en contra y una abstención, y se turna al Senado para su análisis y eventual aprobación.

El documento fue avalado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el pasado domingo, con modificaciones a unos 50 artículos respecto a la propuesta que envió el Ejecutivo federal a los diputados el pasado 8 de septiembre.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo Reyes (PAN), señaló este martes en tribuna que la reforma tiene como objeto introducir nuevos procedimientos simplificados que estimulen la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Asimismo, busca otorgar facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y esclarecer a los contribuyentes la manera en la que deben cumplir con sus obligaciones fiscales, comentó.

Resaltó que la comisión eliminó de la iniciativa del Ejecutivo una cláusula “anti-elusión”, la cual evitaría la evasión fiscal por fraude a la ley, debido a que consideraron que la autoridad ya cuenta con los elementos jurídicos para analizar de fondo los actos de los contribuyentes y resolver en consecuencia.

El dictamen aprobado reconoce como delito, con sanción de tres meses a seis años de prisión, la expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas.

También establece que la autoridad fiscal podrá dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales cuando detecten que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, o el contribuyente no puede ser localizado o desaparezca.

Asimismo, cuando omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

Contempla un procedimiento dirigido a sancionar y neutralizar el tráfico de comprobantes fiscales, para atacar la problemática de fraudes tributarios, sancionando a quienes los adquieren, venden o colocan y de alguna manera se benefician de esa actividad ilegal.

Además, se considera como infracción, relacionada con la obligación de llevar contabilidad, no demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores, relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Igualmente, se precisa a quienes tienen el deber jurídico penal de evitar, ya sea como coautores o partícipes, el incumplimiento de las obligaciones fiscales para impedir conductas antijurídicas que afecten al fisco.

También se implementa que los socios o accionistas tengan responsabilidad solidaria de las contribuciones causadas por las actividades de la sociedad, cuando no alcancen a ser garantizadas con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda la participación que tenía en el capital social.

La responsabilidad solidaria únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, “respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad”.

Se señalan plazos expeditos para el aseguramiento precautorio de bienes e inmovilización de cuentas bancarias, hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales y una vez agotadas las medidas de apremio al contribuyente.

Se plantea, además, que las entidades financieras y sociedades deberán proporcionar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de forma directa o mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales.

El dictamen establece la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda publicar en su página de Internet el nombre, denominación o razón social y la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de sujetos con quienes es riesgoso celebrar actos mercantiles o de comercio, porque no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Modifica también la figura de dictamen fiscal, para que los sujetos con ingresos gravables superiores a cien millones de pesos puedan dictaminar de manera opcional sus estados financieros mediante un contador público autorizado, debidamente registrado.

Prevé las infracciones y sanciones a quienes pretendan realizar las deducciones de forma indebida sobre donativos, dando certeza jurídica a los donatarios.

El documento aprobado señala que las personas físicas o morales que quieran contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con el Estado deberán estar al corriente con sus obligaciones fiscales, así como con quienes tengan créditos fiscales determinados.

Indica que las personas físicas y morales que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, estarán obligadas a solicitar su inscripción al RFC.

Implementa mecanismos simplificados de inscripción al RFC para personas físicas que se ubiquen en determinados regímenes fiscales, como aquéllos que se incorporen al esquema de la formalidad, tengan un bajo perfil de riesgo o que realicen actividades en el sector primario.

Las autoridades fiscales podrán generar la clave del RFC con base en la información de la Clave Única de Registro de Población (CURP), a fin de facilitar la inscripción a dicho registro.

Se establece la obligación del uso del comprobante fiscal digital por Internet, utilizándolos también para los casos en que se realicen retenciones de contribuciones, con lo cual se busca eliminar la obligación de presentar declaraciones informativas de retenciones y de operaciones con terceros.

Propone que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda revocar la autorización a los proveedores de servicios de certificación de comprobantes digitales, cuando incumplan con las obligaciones que asumen al recibir dicha autorización.

Plantea que pueda establecerse como domicilio fiscal de los contribuyentes el señalado a las entidades financieras o de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en caso de que no se hubiera manifestado alguno o el contribuyente no fuera localizado en el mismo, con el objeto de evitar el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

Se modifica el plazo para informar a las autoridades del cambio de domicilio fiscal de un mes a 10 días, y se precisa que el aviso de cambio de domicilio no surtirá efecto si el contribuyente no es localizado en el domicilio que proporcionó o si éste es ficticio.

Proyecta que la firma electrónica avanzada pueda ser tramitada mediante un apoderado o representante legal, cuando sea materialmente imposible la actuación directa de los contribuyentes interesados, como en el caso de menores de edad y mexicanos que residan en el extranjero.

Además, propone la creación de un sistema de comunicación electrónico denominado buzón tributario para conectar a los contribuyentes y a las autoridades fiscales.

Finalmente, incorpora las tarjetas de crédito y de débito como un medio adicional de pago de las contribuciones, “con el objeto de disminuir el uso del efectivo y fomentar los pagos a través de medios electrónicos”.

 

Ya somos: 

REDcontableMXSUSCRÍBETE GRATIS 
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:

Consulta más opciones para mantenerte informado al instante aquí

Diputados aprueban reformas al Código Fiscal de la Federación

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 407 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, reformas al Código Fiscal de la Federación, cuyo propósito es proteger a los contribuyentes y otorgarle al Estado facultades expresas para que más mexicanos paguen sus impuestos.

Con el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal prevista en el paquete de reformas fiscales y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se busca que los contribuyentes cuenten con mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos.
Impulsa medidas que lleven a facilitar la comprensión y el cumplimiento de las disposiciones fiscales que estimulan la incorporación a la formalidad y que simplifiquen el pago de los tributos, generando condiciones para contar con un sistema tributario más sólido y eficiente en beneficio del país.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN), expresó que estas reformas introducen nuevos procedimientos simplificados que estimulan la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Otorga facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que crea la figura del buzón tributario, con el que los contribuyentes podrán vía electrónica interactuar en tiempo real con la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
De igual modo, dijo, esclarece a los contribuyentes la manera en que deben cumplir sus obligaciones fiscales; tal es el caso de la manera en la que integrarán la contabilidad a través de los medios electrónicos, e incentiva el cumplimiento espontáneo de los deberes tributarios.
Trejo Reyes mencionó que con la reforma se dota a la autoridad fiscal de un marco legal que le permita disminuir en lo posible y más rápido la complejidad y los tecnicismos aclarando el sentido de las disposiciones fiscales.
Se busca, resaltó, que los contribuyentes tengan mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos. “Ésa es la intención: permitir captar nuevos contribuyentes y que inviertan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como elemento de competitividad en las actividades empresariales en México”.
Recordó que el país cuenta con un porcentaje considerable de la población que obtiene sus ingresos en la economía informal, con un alto grado de incumplimiento de las obligaciones fiscales, “situación que ha permeado en la conciencia de los contribuyentes cumplidos provocando un desánimo e incentivos a evadir sus impuestos con aquello de que las reformas van en contra de los mismos de siempre”.
Mencionó que el dictamen es resultado de un análisis y valoración de la iniciativa propuesta en más de 60 artículos revisados a la iniciativa original. Entre los cambios, dijo, está la eliminación de lo contenido en el artículo 5 del Código que proponía la creación de una cláusula antielusión.
El diputado José Isabel Trejo detalló que respecto al domicilio fiscal se dota a las autoridades tributarias de información de los cuentahabientes, que estos mismos les proporcionan a las entidades financieras, y de esta manera se puedan facilitar las prácticas de actos de fiscalización en los domicilios de los contribuyentes.
Se crea, afirmó, un buzón tributario, el cual permitirá tener una mejor comunicación entre la autoridad y los contribuyentes. En éste, añadió, se podrán notificar diversos documentos y actos administrativos, así como dar cumplimiento a los distintos requerimientos por parte de la autoridad.
Respecto a los delitos fiscales, mencionó que se sanciona a los sujetos que tienen la obligación, en virtud de las disposiciones legales, de un contrato o de los estatutos sociales de las personas morales de impedir conductas que afectan al fisco y que como resultado de su actuar no cometen delitos y omisión.
Al iniciar los posicionamientos, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo estar en contra de un Código Fiscal que “trata de aterrorizar o de utilizar medidas de terrorismo fiscal y que tendrá graves consecuencias para obligar a los ciudadanos a pagar estos impuestos”.
“El pensar que ir a aterrorizarlos, buscarlos, tratar de intervenir en sus cuentas bancarias y cobrarles a lo chino, va a hacer que los ciudadanos crean más en las instituciones y paguen sus impuestos, es una gran falacia”, afirmó.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) resaltó que estas reformas contribuyen a actualizar el sistema de justicia tributaria, aportan certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecen reglas más estrictas para cerrarle el paso a prácticas que constituyen quebranto a la hacienda pública y fraude a la ley.
Mencionó que el propósito de estas reformas ha sido que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. “El imperio de la justicia en el diseño y proceso de las obligaciones fiscales favorecerá el convencimiento de los contribuyentes y otorgará legitimidad al sistema tributario”.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila consideró este paquete como una “verdadera afrenta y una canallada”, pues perjudican a la población, y dijo que contiene modificaciones que agravian a la Nación porque, lejos de aumentar impuestos o establecer climas de terrorismo fiscal, se debería impulsar una política de combate a la corrupción.
Sostuvo que no pueden aprobarse nuevos impuestos o una política de terror sin que antes se implemente una política auténtica de austeridad republicana. “Es un engaño hablar de una reforma fiscal equilibrada, equitativa y progresiva; es meramente recaudatoria, regresiva y depredadora de las clases medias y de los campesinos”.
El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) manifestó que este Código es la ley que señala cuáles son las contribuciones a cargo de los gobernados para poder proveer, en la esfera de sus necesidades, la administración pública, es decir “dime de dónde saco para darte educación o para pagarles a los diputados, pero lo que ahora discutimos es quién está obligado a pagarla y cuál es el procedimiento”.
Argumentó que no puede cuestionarse la generación automática del Registro Federal de Contribuyentes con la apertura de una cuenta bancaria, porque esto no implica necesariamente una causación fiscal, ya que “si hay un país de malos cobradores también hay una relación unívoca, hay malos pagadores de impuestos”.
A su vez, la diputada Karen Quiroga Anguiano (PRD) resaltó que estas modificaciones son de vital importancia para la transformación del país, pues dotan al Ejecutivo federal de todas las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo primordial que es la recaudación, mismas que deben ser proporcionales y equitativas de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución.
Felicitó la incorporación de medidas estrictas y correctivas a los contribuyentes defraudadores, como son: desaparecer o no poner a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad; utilizar los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes simuladas o ilícitas y omitir en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) destacó que la iniciativa del Ejecutivo fue corregida en beneficio de los contribuyentes, ya que se pretendía dotar a la autoridad fiscal de facultades discrecionales y arbitrarias en aspectos como la determinación de una cláusula antielusión básica.
“Nos abocamos a corregir imperfecciones legislativas y medidas inconstitucionales e ilegales que causaban agravio a millones de contribuyentes, particularmente a los que cumplen con sus obligaciones fiscales y a los cautivos por el fisco, a quienes se pretendía tratar con disposiciones que rayaban en terrorismo fiscal”, abundó.
Del PRI, el diputado José Luis Márquez Martínez señaló que estas reformas simplifican la vida de los contribuyentes e invitan a los ciudadanos a la formalidad. Además, moderniza el intercambio de información y comunicación entre la autoridad y los contribuyentes, a través de nuevas tecnologías, como el buzón tributario que permite agilizar la comunicación y ahorrar costos.
Relató que se establecen herramientas para mejorar la recaudación e incentivar el pago espontáneo. Entre los cambios más relevantes, dijo, está el buzón tributario, la responsabilidad fiscal solidaria de accionistas, tráfico de comprobantes, prescripción de créditos fiscales, eliminación de la obligación de dictaminar estados financieros, así como de la cláusula antielusión.
En contra del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que el Código que hoy se propone es una ley “draconiana, abusiva, persecutoria, injusta e inconstitucional. Va contra el principio de presunción de inocencia, contra el debido proceso e incluso va por establecer penas de infamia para los contribuyentes”, afirmó.
En lo particular
En lo particular, se aprobó con 357 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención, en términos del dictamen, las reservas a los artículos 17 H, 26, 29 B, 32 A, 32 B, 46, 69, 69 B, 84 A, 84 B, 143 incisos b) y c), así como 146.
Además, se aceptó la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, impulsada por el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM), a fin de establecer límites a la prescripción del plazo para el cobro del crédito fiscal, ya que ahora este se cobra en un lapso de cinco años contados al momento de que se hace exigible.
Precisó que la prescripción es una institución que adquiere o pierde un derecho con el trascurso del tiempo. “Demos certidumbre jurídica a los gobernados y al recaudador démosle plazo para que haga efectivas las facultades que conforme a la ley tiene”.
Las reservas que quedaron en términos del dictamen fueron impulsadas por los diputados del PAN, Margarita Licea González y Carlos Fernando Angulo Parra; del PRD, Aleida Alavez Ruiz, Alliet Mariana Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, así como por Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Francisco Coronato Rodríguez, José Luis Valle Magaña y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar mañana miércoles 16 de octubre, a las 11:00 horas.

 

Ya somos: 

REDcontableMXSUSCRÍBETE GRATIS 
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:

Consulta más opciones para mantenerte informado al instante aquí

Descarga el Dictamen al CFF de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados

Les compartimos la declaratoria de publicidad de dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación:

 

Ya somos: 

REDcontableMXSUSCRÍBETE GRATIS 
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:

Consulta más opciones para mantenerte informado al instante aquí

Impuesto anticipado y régimen simplificado, propone Comisión de Transportes

La propuesta de la Comisión de Transportes, presidida por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), para aplicar un “impuesto anticipado”, a través del aumento de un peso al costo del diesel, y mantener el régimen simplificado, se analiza en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“
Buscamos cómo aminorar el impacto que pudiera tener un impuesto anticipado, porque lo pagarían en la bomba de despacho de combustible tanto los transportistas formales, como los informales”, explicó en entrevista el legislador por Guanajuato.
“Está en estudio por el momento”, precisó. Este martes, las comisiones de Transporte y de Economía se reúnen con los empresarios para definir la estrategia que reduzca el impacto, de manera que se caiga en un círculo virtuoso o positivo, en lugar de uno vicioso, destacó Muñoz Márquez.
La propuesta es que se aumente el diesel en un peso, es decir, pasaría de 12.27 a 13.27 por litro, el cual “se podrá recuperar a través de cualquier impuesto que pague el transportista, para que no sea un costo, sino que una forma de subir a la formalidad a todos aquellos empresarios que no pagan impuestos”.
Esto le representaría a la hacienda pública un ingreso adicional de 12 mil millones de pesos; si se toma en cuenta que la propuesta del Ejecutivo es recaudar 3 mil millones de pesos al eliminar el régimen simplificado, pero si lo mantiene “tendría un superávit de 9 mil millones de pesos, lo cual sería deducible para el transportista formal y se volvería una carga impositiva para el informal”.
Con este esquema, dijo el legislador del PAN, se provocaría que al informal le convenga convertirse en formal, es decir, darse de alta en Hacienda y haga factible la deducibilidad de este peso que pagó por adelantado cuando compró el combustible.
Adelantó que en la reunión con las comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público propondrán un esquema que funcione; “tenemos que trabajar en esquemas y en opciones, para que el transportista informal se sume a la formalidad, ya que queda muy claro que la hacienda pública necesita meterlos al orden y recaudar”.
En ese esquema trabajarán el día de mañana. “La alternativa de subir el combustible en un impuesto por adelantado, que sea deducible, recuperable, no lo ve mal Hacienda; sin embargo, tendremos que afinar algunos detalles”.
Muñoz Márquez indicó que la Comisión de Transportes se ha reunido en las últimas semanas con representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar); de la Cámara Nacional de Pasaje (Canapac); de la Confederación de Transportistas Independientes (Conatram); del Consejo Mexicano de Transporte, y este martes lo hará con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, cuya problemática debe atenderse.
Explicó que los temas más delicados que han señalado los transportistas son los relativos a los gastos, que por la naturaleza del sector, no pueden ser deducibles, como los del camino; es decir, cuando salen a carretera, el operador genera consumos como alimentos, combustible, talacha, refacciones y maniobras, que representan un gasto muy fuerte pagado en efectivo, pero no generan un comprobante fiscal que permita su deducibilidad.
Si estos gastos no son de fácil comprobación, les generaría un gravamen adicional por gastos efectivamente realizados.
Actualmente, el sector pretende negociar con la hacienda pública para que estos gastos se reconozcan de una manera sencilla y práctica, a través de 2 esquemas: uno, “gasto ciego”, de 8 por ciento sobre la venta, pues está gravado al día de hoy con un 17 por ciento; existe un impuesto, pero lo pueden deducir de una manera simple, sin ningún justificante.
Y dos, “gastos tuertos”, que es un comprobante fiscal simple, como los Repecos, restaurantes, entre otros muchos, que no cubren todos los requisitos fiscales, pero están dados de alta en Hacienda.
El presidente de la comisión sostuvo que los transportistas comprueban estos gastos de una manera muy sencilla, pero “al cambiar el régimen fiscal y desparecer el régimen simplificado, estas facultades desaparecerían, por lo que solicitan a la Secretaría de Hacienda que mantenga este tipo de facilidades administrativas y se sigan permitiendo dentro del nuevo régimen”.

 

Ya somos: 

REDcontableMXSUSCRÍBETE GRATIS 
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:

Consulta más opciones para mantenerte informado al instante aquí

Organizaciones de filantropía piden no limitar las deducciones de las personas físicas.

Legisladores federales se reunieron con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), con el propósito de escuchar sus inquietudes y propuestas que alrededor de 7 mil asociaciones civiles del ramo han consensado respecto a la reforma hacendaria, próxima a discutirse en el Poder Legislativo. 

En el encuentro, Consuelo Castro y Jorge Villalobos, del Cemefi, cuestionaron que la iniciativa del Ejecutivo federal limita el monto de las deducciones de las personas físicas a dos salarios mínimos anualizados o el 10 por ciento de los ingresos totales anuales. Tales deducciones incluyen gastos médicos, colegiaturas, intereses sobre hipotecas, y otros rubros. 
Al estar incluidos los donativos, puntualizan, es previsible la caída drástica de las donaciones. Ante ello, el Cemefi propuso que en la discusión de la reforma para limitar las donaciones, las de las personas físicas a instituciones autorizadas queden fuera de la regla, ya que, de no ser así, “se pondrá en riesgo la existencia de muchas organizaciones”. 
Por otra parte, se solicitó mantener en un 7 por ciento de las utilidades fiscales el monto deducible que pueden donar las empresas; sin embargo, la propuesta del Ejecutivo establece que, de ese porcentaje, hasta el 4 por ciento puede ir a los gobiernos, por lo que únicamente un 3 por ciento iría a las “donatarias autorizadas”. Ante esto, se propuso que las donaciones que las empresas hagan al gobierno, queden fuera del límite del 7 por ciento de las utilidades fiscales que pueden deducir, e incrementar este límite al 30 por ciento. 
“No cuestionamos las donaciones al gobierno, pero que no queden bajo del 7 por ciento las empresas con derecho de donar”, manifestó Jorge Villalobos. 
Asimismo, comentó que si bien el gobierno reconoce a las organizaciones científicas, educativas, de deporte y medio ambiente entre otros, como sociedades civiles, éstas sólo podrán recibir donativos deducibles del ISR si cumplen con la condición de que sus actividades atiendan a sectores vulnerables o de escasos recursos, lo cual haría muy difícil a varias sociedades obtener recursos. 
En su intervención, el diputado Jorge Herrera Delgado (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que con el paso de los años se ha venido “arrinconando” a las autoridades y a su discrecionalidad, a través de las leyes. Se han replegado, sin embargo, “el espacio que ha quedado libre, no ha sido ocupado por la sociedad, como corresponde”, sostuvo. 
En el marco de este encuentro, Herrera Delgado precisó que en la mayoría de las ocasiones, los espacios de la sociedad son ocupados por los organismos de presión, “que son aquellos que no siguen la ley”. Por ello, sostuvo que “la energía social debe manifestarse y tomar su lugar como le corresponde, en el centro de los privilegios, por lo que hoy en día es necesario unir esfuerzos con las asociaciones civiles para que los legisladores, a través del marco jurídico, alienten una mayor participación de la sociedad”. 
Consideró que reuniones como la realizada con el Cemefi, permiten establecer alianzas con tales organismos, lo que permitirá al Poder Legislativo tomar mejores decisiones y retroalimentar la realidad cotidiana que viven. Esto podrá “ayudarnos a establecer un mejor marco normativo”, subrayó. Explicó que se ha propuesto una transformación del Estado en donde tenga más presencia la sociedad que el gobierno, con la intención de cuidar que las cosas se hagan en beneficio de los ciudadanos, sin abandonar el papel que el Estado tiene; “más sociedad y menos gobierno hasta donde sea posible”, sostuvo. 
Respecto a la Reforma Hacendaria próxima a discutirse, Herrera Delgado dijo que la Comisión de donde es secretario, abre espacios para escuchar a la sociedad civil, puesto que los trabajos legislativos deben respaldarse en las actividades que éstas llevan a cabo. Este encuentro fue la conclusión de un ciclo de reuniones mensuales organizadas por legisladores, cuya intención fue establecer los puentes necesarios entre el sector social y las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Con esto, se busca “atender las lagunas en el marco jurídico que corresponde a los legisladores analizar”, explicó por su parte la diputada Leticia Calderón Ramírez (PRI).

 

Ya somos: 

REDcontableMXSUSCRÍBETE GRATIS 
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:

Consulta más opciones para mantenerte informado al instante aquí